Crecimiento y desarrollo económico no son lo mismo. El eco de estos dos conceptos se ha popularizado debido a las declaraciones realizadas en respuesta a los cuestionamientos por el nulo crecimiento económico observado. En principio, se entiende como crecimiento económico al incremento en la producción de bienes y servicios (satisfactores) en una economía durante un periodo determinado. Usualmente se mide a través de comparar en el tiempo el Producto Interno Bruto (PIB), indicador que expresa en términos monetarios el valor de la producción realizada por actores económicos residentes de una región, generalmente durante un año: Consumo + Inversión + Gastos de gobierno + Exportaciones - Importaciones.
En México estimamos que entre 2000–2020, la economía crezca a una tasa media anual de 1.9% mientras que la población lo haga a 1.3%; es decir, cada año el pastel crece poco y casi al mismo ritmo que el número de habitantes. Si esa riqueza se repartiese de forma equitativa entre todas las personas (PIB per capita), habría crecido sólo 0.6% anual. No obstante, ese supuesto no se cumple ya que México presenta elevados niveles de desigualdad.
En 2008, de acuerdo con la ENIGH del Inegi, 80% de los hogares mexicanos acumuló tan sólo 46.8% de los ingresos totales en el país, mientras que 20% concentró ++53.2%. Una década después, en 2018, estás proporciones mejoraron ligeramente al pasar a una relación de 50.5% y 49.5%, respectivamente.
La alta concentración de riqueza en México explica la incidencia de la pobreza. De acuerdo con el Coneval, en 2008 se estimó que 49.5 millones de personas (equivalentes a 44.4% de la población total), vivían en condición de pobreza. Diez años después sumaron 52.4 millones (41.9%), lo que indica lo poco que se ha avanzado en abatir este problema.
Entonces, ¿la desigualdad y los niveles de pobreza explican el desarrollo económico? No necesariamente, pues el número de personas que vivían en calidad de pobreza en 2018 pueden presentar mejores condiciones de vida que aquellos en 2008. Para ello valdría la pena analizar el acceso a la alimentación, servicios de salud y de educación, la calidad y espacios en una vivienda y sus servicios; e inclusive para algunos economistas como el doctor Boltvinik, a la disponibilidad de tiempo para la recreación.
Una primera aproximación para medir el desarrollo económico está en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del PNUD que considera tres aspectos: educación, salud e ingreso. Medidos en rangos de cero a uno, México obtuvo en 2008, 0.742 y en 2017 un avance a 0.774, ubicándose en las posiciones 70 y 74 de entre 189 países ¿Estamos mejor o peor? India y China mejoraron en mayor proporción; y en América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, Barbados, Costa Rica, Panamá y Cuba están mejor ubicados.
Por otro lado, el Índice para una vida mejor de la OCDE considera 11 aspectos; además de los ya mencionados, éstos son: empleo, comunidad, medio ambiente, compromiso cívico, satisfacción (felicidad), seguridad y balance vida-trabajo. Los resultados indican que de los 40 países considerados, México se ubica en la posición 39 superando a Sudáfrica y por debajo de Chile, Brasil y Colombia. Independientemente del indicador con el que se mida, existe una premisa que prevalece: el crecimiento económico es condición necesaria para generar desarrollo económico y mayor bienestar en la población. Es por ello que el gobierno debe adoptar medidas para que se den ambos factores: generar condiciones que fomenten la inversión y distribuir eficientemente los recursos disponibles.
Sin inversión no hay crecimiento y en la medida que el gobierno propicie condiciones de Estado de derecho y regulaciones eficientes, podrá incidir en la misma. Un determinante fundamental en la inversión pública es su complementariedad con la privada y para ello debe considerar elementos como inversión en infraestructura, educación de mejor calidad y la articulación de las cadenas productivas.
El fomento al desarrollo económico además de requerir del crecimiento, deberá acompañarse de políticas fiscales progresivas y sociales cuya efectividad en los programas públicos dependerá de renunciar al asistencialismo populista y de potenciar la generación de condiciones de autosuficiencia que permitan a las familias abandonar el estatus de precariedad mediante la generación de empleos permanentes formales.
En la actualidad, México corre el riesgo de un estancamiento económico que, de presentarse una inflación descontrolada, puede derivar en un proceso de estanflación (inflación sin crecimiento), uno de los peores escenarios por la pérdida de oportunidades y del poder adquisitivo de los segmentos de la población más desfavorecidos. Por lo tanto, el crecimiento y el desarrollo económico son resultantes de políticas integrales y holísticas, puede haber crecimiento sin desarrollo, pero no el desarrollo sin crecimiento. Vicepresidente de Consultores Internacionales SC.
