En aquel brindis de medianoche, en el que un grupo de empresarios celebró en la casa de Andrés Manuel López Obrador su aplastante triunfo electoral, se planeó el nuevo Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia.
Lo propuso Ricardo Salinas Pliego, a quien el Presidente considera un empresario “con dimensión social”, pero con el que ha tenido una relación difusa.
A inicios de marzo, el Presidente anunció la cancelación del proyecto de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones, en la Reserva de la Biosfera Sierra Laguna, Baja California Sur.
“Me adelanto porque me van a reclamar... en este caso no se aplica una consulta ciudadana porque no lo inició el gobierno anterior, esto me tocaría iniciarlo y digo ¡no!”, declaró en un recorrido por la zona.
La mina operada por Desarrollos Zapal era una coinversión de Salinas Pliego y se tenían proyectados ejercer unos 3 mil millones de pesos para explotarla junto con la canadiense Invecture Group y su socia Frontera Mining Company.
La relación de la familia Salinas con Invecture Group no era pública, pero fue documentada por los activistas opositores a Los Cardones, pues si bien el propietario de Grupo Salinas no mostraba en aquel momento participación directa en las operaciones de la canadiense, los vínculos se hicieron más que evidentes con los contratos de energía que la minera otorgó a Grupo Dragón, el brazo energético del magnate.
El activismo empresarial no parece ser una buena apuesta en tiempos de la Cuarta Transformación, por y pese al gran poder que concentra el nuevo gobierno; pero tampoco estar demasiado cerca de Andrés Manuel López Obrador, porque puede resultar contraproducente.
Ya lo vimos con el caso del compadre y también integrante del Consejo Asesor del Presidente, Miguel Rincón, quien tras ganar una licitación de 221 millones 676 mil pesos para proveer papel que se usaría para la elaboración de los libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública, tuvo que renunciar a ella.
López Obrador dijo que para dar un ejemplo de que en su gobierno no habría nepotismo ni compadrazgos, le pediría la cancelación del contrato otorgado a su empresa Grupo BioPAPPEL.
Mencionó que si legalmente no era posible lograr la cancelación, hablaría con el empresario “para que él renuncie (al contrato) y me ayude en eso, para dar un ejemplo de que no va a haber corrupción, impunidad, influyentísmo, contubernio, amiguismo, compadrazgo, nepotismo. Ninguna de esas lacras de la política”.
Miguel Alemán Magnani, otro de los integrantes del Consejo Asesor, también ha sentido la dureza de la 4T; primero, por el cobro de cerca de 500 millones de pesos de impuestos atrasados que le reclama el Servicio de Administración Tributaria a su empresa Interjet, y luego porque Bancomext rechazó otorgarle un préstamo de 150 millones de dólares por la falta de garantías de la atribulada.
En el sector petrolero, el dueño de Grupo Galem ha tenido mejor suerte con contratos otorgados por Pemex; sin embargo, Miguel Alemán se apresta a convertirse en el nuevo gran jugador de los medios: no sólo con la participación de 49% en W Radio que le vendió Televisa, sino porque apunta también hacia otros grupos de comunicación. Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, es otro que ha tenido una relación de claroscuros con la 4T. La intención de regular las comisiones propuesta por el senador Ricardo Monreal borró varios cientos de millones en valor de capitalización del grupo, que por otro lado apunta a ser también el favorito del gobierno, así como lo fue en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
“Yo recomendaría a los usuarios de bancos que no dejen de optar por Banorte, es un buen banco”, dijo López Obrador la semana pasada.
Los otros integrantes del Consejo Asesor, Daniel Chávez, de Grupo Vidanta, Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles, y Bernardo Gómez, de Grupo Televisa, también han sentido la dureza de la 4T; el primero, porque ha tenido que renunciar a su intención de participar en proyectos como el del Tren Maya, y los dos últimos por la reducción de inversión en publicidad oficial.
Así las cosas, la única seguridad que los empresarios tienen de su relación con el gobierno de la Cuarta Transformación es que “nada es seguro”; las decisiones, acuerdos o alianzas con Andrés Manuel López Obrador pueden cambiar en un instante y, sobre todo, al calor de un discurso político y de una estrategia enfocada a proteger la imagen del líder ante el ‘pueblo bueno’.
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