Estamos en 1992; año en que con una maniobra política de tres bandas, el presidente Salinas de Gortari, en la etapa agónica de su gobierno, introdujo sensibles reformas constitucionales con el objeto de otorgar y reconocer personalidad jurídica a las instituciones denominadas iglesias, dotarlas de capacidad para organizarse en asociaciones religiosas, conceder a sacerdotes y ministros el derecho al voto, pero no a ser votados; y someter a iglesias y asociaciones religiosas al régimen fiscal.
Fue un hecho de mucha trascendencia porque históricamente las iglesias no eran reconocidas por el Estado, es decir, carecían de vida jurídica, no existían para el derecho, eran la nada jurídica; lo cual era absurdo e ilógico, porque las asociaciones religiosas estaban ahí, actuaban, opinaban e influían en el ánimo y la conciencia de la gente; pero el derecho, el Estado no las reconocía.
Tanta influencia y participación tenía la iglesia en la vida social y política del país, que hubo época en que los actos más importantes en la vida de las personas eran sancionados por esta institución. Nacimiento, matrimonio, defunción, herencias, eran autorizadas por la iglesia. Sus actas tenían más validez que las del registro civil, por lo que Juárez se vio obligado en su momento a decretar la separación de la iglesia y el Estado.
Hubo mucha especulación en el sentido de que tales reformas constitucionales, se debieron a una especie de pago de Salinas a la iglesia, por haber apoyado ésta el cuestionado triunfo de aquel en las elecciones de 1988.
Se entiende claramente lo significativas y trascendentes que son las expresiones de la presencia política de la iglesia católica. En el marco de las transformaciones políticas del país, las declaraciones, más que trabajo pastoral de los obispos, son noticia, y sus figuras de mayor peso aparecen con toda naturalidad en los medios informativos, emitiendo opiniones sobre todo tipo de temas y problemas.
¿Cómo se explica que la iglesia pueda involucrarse con toda facilidad en la dinámica política del país? ¿qué impacto político tiene o puede tener la iglesia católica en la configuración del sistema político, especialmente en su aspiración democratizadora?, y finalmente, ¿qué desafíos le plantea a la democracia, una iglesia políticamente activa, y que desafíos le plantea la democracia a una iglesia con pleno activismo político?
Óscar Aguilar Ascencio es autor del interesante y bien documentado Ensayo "El activismo político de la Iglesia Católica". Dice: "El margen de acción política de los individuos y las instituciones, incluidas las iglesias, depende de la flexibilidad o rigidez de los límites impuestos por el sistema político:
En los años setenta los conflictos entre la iglesia y el Estado, cedieron su lugar a los problemas intraeclesiásticos que demandaba de los prelados su preferencia por los pobres; cuestión que generó debate al interior de la iglesia.
En los años ochenta, el conflicto se centró en la posición crítica de la iglesia, respecto de los procesos electorales, porque fue en esta década cuando se evidencia una fractura en el sistema político, derivada de la dificultad del partido oficial para ganar elecciones limpiamente.
En los noventa, el conflicto se centraría en la región más atrasada y marginada de la "modernidad" mexicana, Chiapas, y en torno de la labor de un obispo que llevaba más de treinta años vinculando su trabajo pastoral a la transformación de las condiciones de vida de los indígenas del sureste del país.
De acuerdo con el punto de vista de Oscar Aguilar Ascencio, Consultor en Escenarios, Análisis y Estrategia en Política, los obispos llegaban a los noventa con la seguridad de que su presencia política sería más permanente. Llegaron para quedarse como actores, como lo afirmaron en aquellos años el Nuncio Apostólico, Gerónimo Prigione, y el Arzobispo Primado de México, Norberto Rivera "seguirían manteniendo su denuncia y su condena hacia las estrategias políticas y económicas que agudizan la pobreza y la injusticia social, aunque se incomoden las élites del poder".
"Así las transformaciones del sistema político se vieron reflejadas en el diagnóstico de su Plan Pastoral, donde afirmaban:
"El sistema político se ve debilitado y quebrantado con la consecuente inestabilidad social en todos los órdenes... se ha ido despertando la participación democrática, aunque falta la educación pública permanente, para un cambio efectivo en la vida social al que algunos sectores ponen resistencia".
Es erróneo creer que el reconocimiento jurídico a las iglesias abrió las puertas para el activismo de los obispos, porque la iglesia ya había mantenido actitudes muy críticas frente a la organización del poder político, del autoritarismo, y no cambiaron inmediatamente después del reconocimiento. Históricamente, la iglesia ha tenido siempre influencia y participación en la vida política de México, aun sin tener el reconocimiento del Estado. Un año después de las reformas constitucionales salinistas, era común leer en los diarios (El Universal y La Jornada) declaraciones de obispos, como las siguientes:
*El sistema no es democrático. Los avances a la democracia son lentos y ya es tiempo de que estos se aceleren para instaurar la democracia en el país;
*Falta que se concrete en la práctica la voluntad política para que las reformas efectivamente den lugar a la democracia;
*La protesta violenta es normal en tiempos electorales como resultado de desesperación y falta de credibilidad en las autoridades;
*Urge mejorar los niveles de vida de la población y atacar la pobreza en México.
Continúa Aguilar Ascencio: "La iglesia ejerce su acción en tres vertientes: episcopado, diócesis y sacerdotes; y en dos frentes: de la acción comunicativa que se concreta a través de mensajes, declaraciones y orientaciones; y de la acción propiamente pastoral, trabajo que logra tener un impacto en el entorno social, cumpliendo con eficacia sus tareas de culto y evangelización".
"Como episcopado, la iglesia se hace presente a través de mensajes, exhortaciones, boletines, documentos, y declaraciones de prensa, ya sea por medio de su vocero, su presidente o su secretario general. En el ámbito diocesano, la iglesia se hace presente mediante el trabajo pastoral de su obispo y sacerdotes, cuya unidad de acción se circunscribe a las parroquias".
"Además, la iglesia cuenta con una extensa red de organizaciones laicas, instituciones educativas y asistenciales. Pero todo esto es irrelevante políticamente si la iglesia no actúa discursivamente y en la práctica pastoral de obispos y sacerdotes, a favor de un cambio o una transformación del entorno social en que se inscribe".
"De ahí que declaraciones, documentos o acciones específicas que dan lugar a tensiones, conflictos o enfrentamientos con grupos de poder o autoridades de todo tipo son las que llaman la atención de los medios informativos y, por supuesto, del propio gobierno".
"Cuando la iglesia polemiza con el gobierno al denunciar fraudes, corrupción, pobreza, miseria, desesperanza, desigualdades, etcétera, el gobierno responde citando programas, incrementos presupuestales, cifras a su favor, pero todo esto acentúa la suspicacia o desconfianza de los ciudadanos comunes, al evaluar la situación nacional con sus condiciones personales y su percepción del entorno cercano, que la iglesia precisamente subraya para descalificar el discurso oficial".
Respecto a la compatibilidad de la iglesia y la democracia, es preciso citar la observación de David Beetham:
"Lo que es incompatible con la democracia es cualquier tipo de creencia, ya sea sagrada o secular, que reclama que la verdad última sobre lo que es bueno para la sociedad radica en una forma superior o esotérica de conocimiento, al cual la gente común no puede tener acceso y frente al cual la autoridad civil deba sujetarse. Tales creencias necesariamente acreditarían su naturaleza autoritaria y antidemocrática, en una sociedad plural formada por diversas creencias y religiones; también acreditaría su carácter represivo respecto a todos aquellos que no comparten la creencia particular en cuestión".
