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MARIO MELGAR ADALID
jueves 15 de agosto 2019, actualizada 7:20 am


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Dice Porfirio Muñoz Ledo que cuidado con inflar tanto a Marcelo Ebrard pues lo pueden reventar. Lo cierto es que no hay en el gabinete de AMLO, salvo Ebrard, quien salga al paso de los asuntos y dé la cara. Ninguno tiene vida propia, los secretarios existen en razón de la decisión del Presidente de incluirlos en su gabinete. Sus historias pasadas son glorias perdidas, el único que existe políticamente es el Canciller.

Con motivo de la matanza de mexicanos en El Paso, Ebrard declaró que se trató de un acto terrorista y que buscaría la extradición del asesino. Esta ocasión me parece que la respuesta del gobierno fue política y oportuna, aunque inviable jurídicamente. De hecho, es una aberración jurídica.

El tema de la extradición ha estado presente cíclicamente en la relación de México con Estados Unidos. Apareció cuando los dos países se encontraron en uno de los puntos más bajos de la historia binacional desde la Guerra del 47. El gobierno estadounidense había decidido llevar a la justicia de ese país, a como diera lugar, al Dr. Humberto Álvarez Machain, el médico asesino, que mantuvo en vida al agente de la CIA, Kiki Camarena. La crispación llegó a tal grado que la misma Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos convalidó el secuestro del mexicano, violando las normas del derecho internacional y la decencia que debe prevalecer entre dos países vecinos.

El siguiente episodio de gran sonoridad fue la aceptación mexicana de extraditar al “Chapo” Guzmán, a pesar de voces que alertaron sobre el desdén a la soberanía nacional.

No había manera de negar la extradición después de las legendarias fugas del “Chapo”.

Nunca la justicia mexicana había vivido semejante vergüenza.

¿Cómo evitar la extradición de un reo que se logra escapar de la justicia en dos ocasiones?

A la fecha nadie sabe y nadie supo de quienes facilitaron las escapadas. “El Chapo” fue extraditado, juzgado y condenado a cadena perpetua, pero consolado por el Presidente que se mostró conmovido por la dureza de la sentencia.

Conforme al Código Penal Federal que es el aplicable, la extradición del asesino de El Paso, no es procedente. Cuando se cometan delitos en territorio extranjero contra mexicanos por un extranjero estos podrán ser penados en México si se dan estos requisitos: (I) que el acusado se encuentre en la República, (II) que el reo no haya sido definitivamente juzgado en el país en que delinquió y (III) que la infracción de que se le acuse tenga en carácter de delito tanto en EU como en México. Solo se cumple este último requisito por lo que no es posible la aplicación extraterritorial de la ley.

No hay extradición posible así exista el tratado correspondiente entre los dos países.

En cuanto a la pretensión de calificar la espantosa matanza como terrorismo, los asesores de Ebrard debieron haber leído antes el Código Penal Federal. No existe la extraterritorialidad en materia de terrorismo, pues el acusado no se encontraba en la República y se encuentra sujeto a proceso penal en Estados Unidos. Adicionalmente el terrorismo es un delito en contra de la seguridad nacional o para “presionar a la autoridad (Estado) u obligarla a que tome una determinación” (Art. 139).

La jugada del canciller fue efectiva desde el punto de vista mediático, pero no tiene sustento jurídico y eso es grave por tratarse de un acto de autoridad.

Algo pasa desde que el mismo presidente piensa que la ley está detrás de la justicia. Nada más pernicioso para una sociedad como pensar que la ley puede quedarse en un cajón de olvido en aras de un afán justiciero como Juan Derecho, aquel personaje de la televisión sesentera.

Don Benito Juárez no lo hubiera tolerado jamás.

Profesor de la Facultad de Derecho, UNAM
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