La mujer que resucitó políticamente
el sexenio pasado de la mano del PRI,
tras una accidentada salida del PRD
que la había llevado a sustituir a Cuauhtémoc
Cárdenas como jefe de Gobierno,
inició su Waterloo en marzo de 2017.
Durante la revisión de la Cuenta Pública
del año anterior, la propia Auditoria
Superior de la Federación ubicó lo que le
parecía un hallazgo inaudito en materia
de corrupción, que involucraba a funcionarios
de la Secretaria de Desarrollo Social
y Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, utilizando de parapeto a universidades
públicas y empresas fantasma.
La orden fue abrir una auditoria especial
de cumplimiento, en cuyo marco
intervendrían 10 funcionarios de la instancia
dependiente de la Cámara de Diputados,
encabezados por la directora de
la auditoria forense “A”, María Guadalupe
Velarde Gallego.
El punto fino era ubicar si había constancias
de que las tareas encomendadas
a centros de educación superior se
abrían cubierto, incluidos actas, minutas,
informes o cualquier documento generado,
es decir, reuniones de evaluación,
seguimiento y vigilancia de desarrollo
del proyecto.
La pesquisa generó pruebas de que las
universidades públicas contratadas habían
subcontratado a su vez la totalidad
de los trabajos encomendados, lo que resulta
contrario a la ley, la cual permite
un máximo de 20% de tareas comprometidas
por vía externa.
Ahora que la Sedesol y la Sedatu le habían
pagado a las instancias académicas
precios muy superiores a los que a su vez
le habían otorgado éstas a las firmas subcontratadas.
En un primer hallazgo se ubicó una
red que involucraba al Sistema Quintanarroense
de Comunicación Social, a la
Televisora de Hermosillo, en paralelo
con las Universidades Politécnicas de
Chiapas y Quintana Roo, además de las
tecnológicas de Campeche, Nezahualcóyotl,
del Sur del Estado de México y
Autónoma de Zacatecas.
Las partidas de las que se extrajeron
los recursos eran la 4310: “Subsidios a la
producción” y una más de “Gastos relacionados
con actividades culturales, deportivas
y de ayuda extraordinaria”.
El punto fino es que ni siquiera se logró
acreditar que se hubieran recibido
los servicios pactados. Así, por ejemplo,
en el caso de la Universidad de Chiapas,
con un contrato pactado en 460 millones
de pesos y uno más de la Universidad Tecnológica
de Nezahualcóyotl de 15 millones
638 mil, En este caso se alegó la existencia
de un convenio de terminación anticipada…
que nunca fue exhibido.
Los supuestos servicios se acreditaron
al ejercicio fiscal de 2014 sin justificación
alguna. Tampoco se acreditó, de
acuerdo con la Ley de Adquisiciones,
que los servicios pactados en Radio y Televisión
de Hidalgo fueran realizados.
Los contratos se adjudicaron de manera
directa.
El primer ejercicio ubicó un quebranto
patrimonial de 420 millones 311 mil pesos…
que luego se multiplicaría por 10.
La Estafa Maestra.
BALANCE GENERAL
En la última y nos vamos, el presidente de
la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther,
está tratando de abrir un frente de oposición
al gobierno, con mira primaria en
quitarle la mayoría en el Congreso a Morena,
tras el naufragio de la posibilidad de
un nuevo partido político que lideraba
Margarita Zavala y hoy lo hace su marido,
Felipe Calderón.
En la cruzada, como se ha venido publicando,
se ubica un alfil del expresidente,
quien fuera efímero secretario de Gobernación.
Estamos hablando de Alejandro
Poiré Romero, académico del Tecnológico
de Monterrey, campus Ciudad de
México, donde da clases el exsecretario
de Hacienda, Carlos Urzúa.
Como usted sabe, el patronato de ésta
lo encabeza el presidente del Fomento
EconómicoMexicano (FEMSA), José Antonio
Fernández, quien hasta hoy no se
ha pronunciado sobre el proyecto, sea para
respaldarlo… o deslindarse.
