Elemento esencial y fundamental de las democracias contemporáneas es el de la competencia política; en función de esa competencia es posible identificar la tarea de los partidos políticos, así como las decisiones y definiciones del Estado, en un escenario que muestra la influencia de las fuerzas políticas y donde se busca atraer y capturar nuevos respaldos y militantes.
El ciudadano atiende razonamientos y ejerciendo su libertad individual decide y genera mandatos para así establecer el bien común, de que habla la teoría política clásica. Los ciudadanos ahora ejercen su voto, eligen a quienes toman decisiones, en virtud de procesos o contiendas electorales, mediante campañas y acciones de las maquinarias partidistas rehaciendo la relación ciudadano-representante.
El concepto de competencia lo introduce a la política Joseph Alois Schumpter, jurista, sociólogo y economista austriaco, en su Ensayo “Capitalismo, Socialismo y Democracia” quien aplicó el término argumentando que “el método democrático es el mecanismo institucional de toma de decisiones políticas en el cual los individuos obtienen poder para decidir mediante la “lucha competitiva por el voto”.
Giovanni Sartori, filósofo italiano, pensador especializado en el análisis de política comparada y cuyo trabajo influyó en el estudio de los sistemas de partidos en democracia, clasificó dichos sistemas en función de la idea de la competencia: sistemas competitivos y sistemas no competitivos, dualidad que valora la competencia como un factor que hace visibles las aptitudes y dispositivos políticos para provocar la posibilidad real de la alternancia, ya sea para evadirla o bien para anularla, como sucede en los sistemas de partido único, por la elemental razón de que no existe nadie que pueda producir un relevo en el poder.
Este análisis es aplicable al caso deMéxico, porque ofrece una importante referencia, el hecho de la prolongada permanencia de un partido en el poder, a pesar de la existencia de otras alternativas y el cumplimiento regular de la celebración de elecciones. Esta circunstancia explica la ubicación del sistema de partidos mexicano como hegemónico y dentro de la clasificación de no competitivo.
Son muchos los elementos que permiten mostrar que la permanencia del PRI en el poder generó una situación donde la lucha electoral no se realizaba en condiciones de igualdad, sino que se daba en circunstancias de ventajas sustanciales para el partido hegemónico, y consecuentemente, las condiciones de la lucha política eran no competitivas.
Lo que se ha dicho hasta aquí, son los argumentos de Sartori para explicar el caso de México con la hegemonía priísta; no hay duda de que existió un sistema de partidos no competitivos con un partido de carácter hegemónico; situación que se mantuvo así, según algunos, hasta el 2000 en que se produjo la alternancia y con ella el paso del autoritarismo a la democracia. Pero tal apreciación parece no corresponder a la realidad política, porque la alternancia no se dio en las elecciones del 2000.
En este sentido, se presentan dos visiones que se excluyen mutuamente: la que va de la democracia a la alternancia; y la inversa, la que pasa de la alternancia a la democracia. En la primera, los analistas y estudiosos asumen que en el país se había desarrollado una democracia plural y competitiva, circunstancia en que el electorado decidió con libertad el relevo del partido en el gobierno, decisión que fue avalada por instituciones que garantizaban certeza y objetividad del proceso; en dirección opuesta, la segunda visión, cuestiona que el país estaba inserto en el autoritarismo, y que a partir de la alternancia se abre el horizonte democrático deMéxico. El análisis empírico demuestra que la hegemonía del PRI fue dirigida, cada vez más, a un desarrollo orientado hacia la consolidación de otros partidos, hasta llegado el momento en que el PRI ya no estaba en condiciones de alcanzar, por sí sólo, la mayoría calificada en el Congreso (inicialmente en 1988; después a partir de 1994, y hasta el momento actual, pues en las elecciones federales de 2018, Morena arrasó desplazando al PRI a la tercera fuerza electoral, después del PAN) con lo que la pluralidad política parece haber obtenido “carta de aceptación” en México.
La hegemonía del PRI ha quedado atrás. Esta es una realidad incontrovertible; se elaboran nuevas normas electorales para la competitividad. Se ha superado la etapa no competitiva con las elecciones del 2018, en las que el otrora partido único perdió la presidencia de la República, la mayoría absoluta en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, la gubernatura en varias entidades federativas, congresos locales y presidencias municipales.
Pero también es una realidad que el PRI con todos sus defectos y errores cometidos, facilitó la consolidación de la democracia al aceptar y reconocer la alternancia, primero al PAN en dos ocasiones, y ahora al partido Morena. Puede afirmarse que la democratización mexicana alcanzó la democracia competitiva y que la alternancia es un producto de ésta.
La visión que pretende que la alternancia inauguró la democracia, niega o desconoce una historia saturada de reformas, de transformaciones fundamentales del sistema electoral mexicano y sus repercusiones en el sistema de partidos; una historia de claroscuros, ciertamente, pero con avances y grandes adecuaciones en las normas que regulan la lucha electoral, que decidieron los mecanismos y procedimientos para resolverla.
No puede aceptarse tal distorsión de los hechos; hay que apoyarse en la múltiple y diversa serie de datos para demostrar que fue la democracia la que dio lugar a la alternancia; que en México se construyó un sistema de partidos competitivo con el PRI en el poder y gobernando; con un PRI que vio hacia la democracia de manera más atrevida, pues apoyó y echó para adelante una reforma para la equidad de los partidos y para la competencia política, que la oposición de entonces le retiró el apoyo y fue aprobada con el voto del PRI.
Así como propició la competencia electoral consolidando la democracia, hoy el PRI, como partido de oposición, debe jugar su papel histórico, alzar la voz y abanderar con valentía y resolución la inconformidad ciudadana de los mexicanos, por las atrocidades que están sucediendo en el país, patrocinadas, promovidas, o por lo menos consentidas por el régimen que llegó al poder, gracias a la competencia electoral, alentada por el PRI; protestar, específicamente, en contra de tres acciones claramente identificables:
1.- La acción del Congreso del Estado de Baja California que modificó la constitución local para aumentar el periodo del gobernador electo de dos a cinco años, violando flagrantemente no sólo la Constitución Federal, sino burlándose de la voluntad popular, pues el pueblo bajacaliforniano votó por un gobernador para un periodo de dos años, y los diputados locales pisotearon esa decisión de los ciudadanos de Baja California.
2.- El decreto del Congreso del Estado de Tabasco, que modifico la legislación penal, para considerar como conducta delictiva la manifestación ciudadana en contra de las acciones del gobierno, a lo que se ha llamado ya popularmente la “Ley del Garrote”, que establece prisión hasta de 13 años a quien se atreva a manifestarse. AMLO justificó esta acción diciendo “Había que poner orden”.
3.- La Ley Nacional de Extinción de Dominio que, con el pretexto de combatir la delincuencia organizada atenta contra el principio de presunción de inocencia y contra el derecho a la propiedad privada, consagrados ambos por la Constitución General de la República.
