A través de tres foros de consulta realizados en el norte del país, los pueblos indígenas y jornaleros agrícolas aportaron sus ideas para la construcción de la reforma constitucional sobre sus derechos fundamentales. (ARCHIVO)
A través de tres foros de consulta realizados en el norte del país, los pueblos indígenas y jornaleros agrícolas aportaron sus ideas para la construcción de la reforma constitucional sobre sus derechos fundamentales.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en un comunicado, informó que durante los foros celebrados en Ensenada y San Quintín, en Baja California, así como en Mezquital, en Durango, se consultó a los pueblos cochimí, cucapá, kiliwa, kumiai, paipai, ku'ahl, o'dam, wixárika, cora, población indígena migrante e indígena jornalera, entre otros.
En estos espacios, la población indígena migrante residente en el norte del país externó la urgencia de que se reconozcan y garanticen sus derechos colectivos fuera de sus comunidades, y que se impulsen políticas públicas para preservar su identidad cultural.
Del mismo modo, solicitaron se garantice su derecho a no migrar, mediante la implementación de proyectos y programas que aseguren el ejercicio de sus derechos económicos, sociales, culturales y laborales en sus comunidades de origen.
En Ensenada, las mujeres indígenas exigieron mejores condiciones laborales; por lo que solicitaron que se garantice la protección de sus derechos individuales y colectivos mediante intérpretes, defensores y peritos con perspectiva de género en las diferentes instancias de atención.
Los pueblos exigieron su derecho a mantener, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y conocimientos tradicionales, por lo que manifestaron la urgencia de contar con una ley de propiedad intelectual colectiva, para evitar el plagio de sus expresiones artísticas y saberes ancestrales.
Entre las peticiones más urgentes, los pueblos kiliwa, cucapá, paipai y kumiai solicitaron la protección de sus lenguas indígenas, que se encuentran en riesgo de desaparecer; por lo que pidieron al Estado adoptar medidas eficaces para su preservación y fortalecimiento.
En el valle agrícola de San Quintín, los pueblos mixteco, triqui, purépecha, zapoteco, wixárrika, nahua, tlapaneco, tzeltal, mazateco, cucapa y yaqui, plantearon que se debe establecer en las leyes su derecho a disponer de recursos para ejercer su libre determinación, desde sus propias visiones y proyectos de desarrollo comunitario.
Representantes de pueblos indígenas migrantes y jornaleros agrícolas solicitaron garantizar sus derechos laborales en la Ley Federal del Trabajo, y exigieron la protección de sus derechos colectivos en sus lugares de residencia, asegurando su vinculación familiar.
En Mezquital, 876 integrantes de los pueblos o'dam, mexicanero, wixárika y de la población indígena migrante, pidieron el reconocimiento de su derecho a decidir sus formas de gobierno y de organización, así como de sus sistemas de elección de autoridades.
Exigieron el reconocimiento legal de sus instituciones de prevención del delito y mantenimiento de la paz de sus comunidades, para lo cual pidieron establecer mecanismos de coordinación con los sistemas de seguridad pública del Estado.
Además, solicitaron garantizar la atención a niñas, niños y jóvenes indígenas, a partir de políticas públicas que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos, sobre todo, en aquellos casos donde se encuentren en contextos de migración y pobreza.
