La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí, las cuales se llevarán a las últimas consecuencias y en apego a la ley. (ARCHIVO)
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, informó que hay en curso siete investigaciones sobre posibles conductas irregulares del exdelegado federal de Programas Sociales en Jalisco, Carlos Lomelí, las cuales se llevarán a las últimas consecuencias y en apego a la ley.
Dijo que la primera investigación se abrió el 22 de mayo, no después de la renuncia del ahora exfuncionario público, y expresó que cuatro pesquisas son por posible conflicto de interés y tres por infracciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
"Derivado de nuestras investigaciones, podríamos dar vista a la autoridad penal competente", dijo la titular de la SFP al final de la conferencia matutina en Palacio Nacional, al indicar que "el gobierno de la Cuarta Transformación no avanza a costa de 'quinazos' o 'ajustes de cuentas', sino con apego a la Ley".
Sandoval resaltó que las conductas en las que podría haber incurrido el exfuncionario están contenidas en los artículos 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las cuales van desde cohecho, conflicto de interés, tráfico de influencia y enriquecimiento oculto.
Cuatro de las investigaciones, abundó, se realizan sobre las empresas relacionadas con Lomelí Bolaños y tres más sobre conductas contrarias a la ley, posiblemente atribuibles al investigado, que son sancionables conforme a la citada ley.
La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) enfatizó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no se toleran los conflictos de interés, por lo que “quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación”.
A pregunta expresa, dijo que las conductas en que podría haber incurrido Carlos Lomelí “son faltas graves (…) y, evidentemente, pueden implicar la destitución, la sanción económica que juzgue el Tribunal de Justicia Administrativa".
Agregó que "la SFP tendrá absoluta coadyuvancia (…) y desde luego, la inhabilitación del servidor público hasta por 20 años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en la Administración Pública Federal”.
“También, derivado de nuestras investigaciones, podríamos dar vista a la autoridad penal competente”, si es que la investigación arrojase hacia ese sentido, afirmó.
Además, la funcionaria federal resaltó que la Ley de Austeridad Republicana (próxima a su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación) señala que todos los contratos que se hubiesen asignado por tráfico de influencias, por abuso de autoridad, cohecho o conflicto de interés, están destinados a cancelarse.
Asimismo, recalcó que la dependencia a su cargo tiene abiertas dos mil investigaciones en curso de servidores públicos tanto de gobiernos anteriores como recién nombrados, así como sobre temas de evolución patrimonial, entre otros.
Las siete investigaciones contra Lomelí que “ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares”, precisó, se realizan a través de las direcciones General de Información de Integración y de Denuncias e Investigaciones.
También participan las direcciones generales de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas; de Responsabilidades y Situación Patrimonial, así como la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses.
“Recibimos por ello con beneplácito la carta de renuncia del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y refrendamos nuestro compromiso con llevar nuestras siete investigaciones hasta las últimas consecuencias, y siempre respetando las garantías del debido proceso”, concluyó.
