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Internacional

Acusan a detenidos en Puerto Rico de 32 cargos por fraude y otros delitos

Los arrestos de este día complican la difícil situación que enfrenta Rosselló

EFE
SAN JUAN, miércoles 10 de julio 2019, actualizada 2:32 pm

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Un jurado federal acusó este miércoles a dos exfuncionarios del Gobierno de Puerto Rico y un contratista, entre otros, de 32 cargos que incluyen la conspiración para cometer fraude, robo y fraude electrónico de lavado de dinero.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que se encontraba de vacaciones en Europa, anunció su inmediato retorno a la isla ante la gravedad de los hechos y reiteró su compromiso con la tolerancia cero contra la corrupción.

"Las alegaciones contra las personas arrestadas hoy son una vergüenza. Nuestra política pública es clara: batallaremos la corrupción en todas sus modalidades. Nadie está por encima de la ley. Todo el que falle debe afrontar las consecuencias", dijo Rosselló sobre las últimas detenciones.

La decisión de Rosselló, que había viajado a Francia el pasado fin de semana, se produjo después de que el FBI detuviera a la exdirectora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) en Puerto Rico Ángela Ávila y al presidente de la empresa BDO en la isla, Fernando Scherrer, mientras que la exsecretaria de Educación Julia Keleher fue arrestada en Washington.

Otras personas también fueron detenidas por su relación con esta trama de corrupción o están en proceso de arresto, entre ellas dos contratistas del Departamento de Educación y Alberto Velázquez, subcontratista del Gobierno y de la empresa DBO.

El esquema consistía, básicamente, en favorecer con contratos gubernamentales a la compañía BDO.

Keleher, Ávila y Velázquez están acusados por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero, entre otros.

Keleher se enfrenta a siete cargos criminales, según la Fiscalía, mientras que Ávila tendrá que hacer frente a seis cargos, Velázquez a diez y Sherrer a otros cinco.

Desde hace tiempo el FBI investiga los contratos concedidos desde varias agencias del Gobierno de la isla a la empresa de contabilidad BDO, entre ellas ASES.

En relación a este tema declaró esta semana dos días consecutivos el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona, en concreto sobre las actividades de Velázquez, quien trabajó como consultor de ASES.

Las detenciones provocaron la reacción inmediata de Rosselló, que desde hace varias semanas ve cómo muchos de sus funcionarios son objeto de investigaciones federales y cómo las dimisiones desde que accediera al poder en 2016 superan la treintena.

El presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera, dijo tras conocerse la información de las detenciones que es "imperioso" que el gobernador, la representante de la isla ante el Congreso de EUA, Jenniffer González, y la mayoría legislativa se reúnan ante al aluvión de detenciones.

La reunión sería, indicó en las redes sociales, "para evaluar responsablemente y tomar acción sobre los eventos que están ocurriendo".

El secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico, Eligio Hernández, lamentó la detención de este miércoles de Keleher por presuntos cargos de corrupción y aseguró que se esforzará para "sanear el sistema".

"Ciertamente es muy lamentable e innegable el golpe que recibe la reputación del servidor público con noticias como las de hoy", expresó Hernández.

Las detenciones provocaron que Nina Valedón, aspirante del opositor Partido Popular Democrático (PPD) al Senado, lanzara una petición en change.org para la dimisión de Rosselló.

La noticia de los arrestos de este día complica la ya de por sí difícil situación a la que se enfrenta Rosselló, quien ha visto en las últimas semanas cómo se sucedían noticias de acusaciones contra él mismo por presunta corrupción.

También la destitución de puestos claves en el Ejecutivo como el secretario de Hacienda, quien denunció una supuesta trama de irregularidades en esa agencia sin anunciarlo antes al gobernador.

El martes se publicaron extractos de un chat con conversaciones privadas entre el gobernador de Puerto Rico y sus colaboradores, polémica que sigue a un caso similar de 2018 que supuso la salida del expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones.

La parte del chat divulgado públicamente incluye burlas a otras figuras públicas y en general conversaciones privadas entre miembros del Gobierno de Puerto Rico que se refieren a personas de la vida política de la isla.

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