El exdirector de Ficrea alcanzó un acuerdo con el síndico de la quiebra en Estados Unidos. (ARCHIVO)
Rafael Olvera Amezcua, exdueño de Ficrea, logró un arreglo con el síndico de la quiebra de esa sociedad financiera, para dar por terminada una demanda iniciada en Miami en 2016, con la que se busca recuperar 153 propiedades adquiridas en Estados Unidos.
Debido a esto, según reporta Reforma, la jueza Beatrice Butchko, de la Corte de Circuito de Miami-Dade, aceptó aplazar hasta nuevo aviso el juicio civil contra Olvera y sus familiares, asociados y propiedades, que iba a iniciar este lunes.
"El 25 de junio, el demandante llegó a un arreglo con el grupo de Rafael Olvera, por el cual se resuelven sus reclamos contra más de 50 entidades y personas demandadas en esta acción", indicó en un escrito del pasado 1 de julio el abogado de Paul Feldman, una de las más de 60 partes demandadas por Juan Luis Navarro, el síndico de Ficrea.
El 2 de julio, Butchko aplazó el juicio, y citó a las partes a una audiencia el 20 de agosto para revisar el estatus del caso, en el que Feldman, un abogado inmobiliario de Florida, quedó como el único demandado.
Cabe señalar que los términos del arreglo no han sido difundidos públicamente, aunque es probable que Olvera haya aceptado ceder algunas o todas las propiedades en Estados Unidos, para que el producto de su venta o renta sea utilizado para seguir pagando a casi cinco mil ahorradores que perdieron su dinero, tras la intervención del Gobierno a Ficrea a finales de 2014.
Mientras tanto, el Gobierno de México informó que pedirá la extradición de Olvera, quien enfrenta órdenes de aprehensión por diversos delitos, pero hasta el momento, no hay registro en las cortes federales de Estados Unidos sobre el inicio de este proceso.
a situación personal de Olvera Amezcua había hecho casi imposible seguir litigando el caso en Miami, donde varias veces cambió de abogados y pidió aplazamientos, que la jueza Butchko ya no quiso conceder.
En nuestro país, además de los cargos penales en su contra, Olvera Amezcua y sus empresas Baus & Jackman Leasing y Leadman Trade enfrentan créditos fiscales fincados por el SAT, que suman más de 8 mil millones de pesos.
