El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, instó a que en la definición de la agenda contra esta violación a los derechos humanos, trabajen de manera conjunta con la sociedad civil y otros actores relevantes, y reiteró la disponibilidad del organismo para seguir brindado asistencia y cooperación técnicas al Estado. (ARCHIVO)
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) alentó a las autoridades mexicanas, federales y locales, a elaborar e implementar una estrategia nacional para combatir la tortura, a fin de erradicar un problema crónico y generalizado.
El representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, instó a que en la definición de la agenda contra esta violación a los derechos humanos, trabajen de manera conjunta con la sociedad civil y otros actores relevantes, y reiteró la disponibilidad del organismo para seguir brindado asistencia y cooperación técnicas al Estado.
En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, señaló que los instrumentos normativos para combatir este fenómeno continúan sin aplicados con efectividad, por lo que la tortura es aún uno de los elementos principales que erosiona al Estado de derecho y al sistema de justicia.
La ONU-DH llamó a emprender una lucha efectiva contra la impunidad endémica, y para ello consideró urgente que la Federación y todas las entidades federativas cuenten con las fiscalías o unidades de investigación especializadas que la Ley General obliga a crear, así como que sean dotadas de recursos y capacidades para realizar investigaciones efectivas que permitan sancionar a los responsables.
Opinó que también es prioritario hacer diagnósticos y diseñar medidas destinadas a prevenir la tortura y otros malos tratos en los distintos ámbitos en los que ocurren estas prácticas; el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura que se elabora actualmente está llamado a ser una de dichas medidas.
Jan Jarab sostuvo que "a la voluntad se debe agregar la definición de una política pública consistente de combate frontal a la tortura”.
“Las autoridades de todos los niveles deben abstenerse de designar a personas que han cometido actos de tortura, mantenerlas en sus puestos, promoverlas laboralmente o trivializar sus conductas. Preocupa que se continúen nombrando en cargos públicos a personas a las que se les han dirigido recomendaciones públicas por haber cometido actos de tortura", expuso.
Por el contrario, abundó, las autoridades deben ponerse del lado de las víctimas y no de los perpetradores y condenar la estigmatización hacia las personas que han sido sometidas a tortura y se les ha quebrantado su dignidad humana”, afirmó.
Consideró necesario atender a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran diversos grupos de población y que los hace más propensos a sufrir tortura o malos tratos.
La ONU-DH exhortó a las autoridades mexicanas a atender las recomendaciones formuladas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en la revisión a México, así como las decisiones sobre el tema adoptadas por tribunales y órganos internacionales de derechos humanos.
