Abordaremos en esta ocasión un asunto áspero, complejo, en apariencia intrascendente.
En el marco de la transición democrática que vive nuestro país, un tema de mucho interés ha sido el de la necesidad de implementar y aplicar políticas públicas orientadas al abatimiento o eliminación del fenómeno antisocial de la discriminación.
Cualquier exclusión, distinción o restricción basada en edad, género, embarazo, estado civil, etnia, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, situación económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud, que tenga como resultado menoscabar o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos de la persona, puede ser considerada como discriminación.
La discriminación en México es una realidad imposible denegar. Se ejerce bajo distintas modalidades y permea prácticamente todos los ámbitos de la interacción social.Aun cuando es difícil su análisis, es evidente que la discriminación es una de las razones estructurales de que la sociedad mexicana esté sujeta a los altos índices de desigualdad y marginación que presenta.
El carácter injusto de la discriminación no siempre es claro y codificado, inclusive puede ser imperceptible para el derecho positivo y la normatividad de las instituciones públicas; puede afirmarse con justificada razón que la discriminación es uno de los obstáculos estructurales para la cohesión social y la gobernabilidad democrática.
La simple afirmación legal de los derechos de quienes son susceptibles de discriminación o son ya discriminados, no es suficiente para revertir las condiciones sociales, culturales, laborales e idiosincrásicas que reproduce y perpetúa la discriminación.
Consolidar el Estado de derecho, es una vía idónea, pero insuficiente, para proteger de abusos a las y los ciudadanos discriminados y ofrecerles protección a sus derechos humanos, como debe hacerse respecto de cualquier otro grupo social y de todo ciudadano. Esta tarea de protección debe ser complementada con políticas públicas que establezcan derechos grupales especiales que, sin estar en oposición con las libertades, derechos y obligaciones comunes de la democracia moderna, permitan la promoción y defensa de los proyectos de vida de quienes pertenecen a grupos que sufren los riesgos y el impacto de las prácticas discriminatorias.
Los proyectos de ley en ese sentido deben ir acompañados de una institución de Estado, cuyos propósitos centrales sean la investigación de las expresiones sociales de la discriminación, el diseño y la promoción de oportunidades a los grupos discriminados, así como el seguimiento y la vigilancia para el cumplimiento de las leyes respectivas y la promoción institucional de criterios de trato equitativo en las relaciones sociales donde ahora existe la discriminación.
En México padecemos una vasta desigualdad; la discriminación es una de las formas más lacerantes. Se manifiesta en una gran variedad de prácticas; está arraigada en lo profundo de nuestra cultura popular y política; muchas veces se asume como natural e inevitable por los propios sujetos que la sufren. La discriminación es una conducta de desprecio hacia quienes son considerados, no sólo diferentes, sino inferiores y hasta indeseables.
A diferencia de otras conductas lesivas para las personas y su dignidad, las prácticas discriminatorias son frecuentemente invisibles para el orden legal e institucional, pues estos agravios a la dignidad e integridad de la persona, carecen en general de una codificación jurídica y de persecución legal por parte del Estado. A pesar de su invisibilidad, la discriminación es abrumadoramente real, y su presencia contundente nos nuestra la gran distancia que nos separa de esa sociedad de iguales que deseamos para México.
Para abatir, o por lo menos disminuir, los efectos de esta práctica antisocial, se considera determinante la participación de personas y organizaciones de la sociedad civil, que trabajan y luchan por los derechos de los grupos más vulnerables a la discriminación, en un esfuerzo por adecuarse al nuevo tejido social de nuestro país.
Es urgente y necesario promover mediante instrumentos jurídicos, institucionales, educativos e informativos, un cambio cultural profundo capaz de hacer de la nuestra, una sociedad en la que puedan ser prevenidas y eliminadas las prácticas de desprecio, marginación, violencia y minusvaloración que sufre un gran número de personas en México.
Persistir en la discriminación es una afrenta ética y política para una sociedad, que tras un largo y accidentado trayecto, entra en la democracia y necesita encontrar la manera de que sus instituciones públicas sean la palanca para el desarrollo de las capacidades y las oportunidades de sus ciudadanos. La igualdad de oportunidades y el trato recíproco entre los mexicanos deben constituir el auténtico arribo de nuestra incipiente transición democrática. Sin una lucha real contra la discriminación, sin un compromiso firme con la igualdad nuestra democracia será frágil y vacía. Sin los instrumentos jurídicos e institucionales no podrá hablarse de una consolidación democrática. La discriminación implica un trato diferente. Este trato diferencial habitualmente se produce en atención a las cualidades personales del sujeto que es objeto del mismo, aunque también puede deberse a otros factores como el origen (migración), decisiones u opiniones en lo social, lo moral, lo político u otras áreas de interés social. Se le ha calificado como una forma de violencia pasiva, convirtiéndose a veces este ataque, en agresión física. Quienes discriminan designan un trato diferencial o inferior en contra de los derechos y consideraciones sociales de las personas, grupos u organizaciones afectados por este trato.
Muchas veces este rechazo se manifiesta con una mirada odiosa o con una falta de aceptación en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona rechazada. La acción pública contra la discriminación, ha de ser, sin duda, un paso adelante en la tarea de proteger y promover los derechos humanos. En la medida en que el Estado, sin importar el color del gobierno, tenga como propósitos fundamentales propiciar el estudio y el diálogo social necesarios para comprender los prejuicios y los mecanismos culturales que legitiman y hacen invisible la discriminación, generar protecciones específicas para las personas que viven en grupos sujetos a la discriminación, así como el diseño de políticas públicas que promuevan las capacidades básicas y oportunidades reales de éstas personas, la tarea que haya que emprender en este sentido, no sólo no será redundante con la acción de los organismos protectores de los derechos humanos, sino que será complementaria y armónica con ella.
Sobre esto hay que trabajar si queremos lograr una sociedad más equitativa y solidaria.
