Piden a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra un examen preliminar contra Francia. (ARCHIVO)
La abogada Sophia Albert Salmeron denunció este martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a su ministro de Interior, Christophe Castaner, ante la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía contra los "chalecos amarillos" en manifestaciones.
"Las fuerzas del orden han cometido crímenes de persecución contra el movimiento de los chalecos amarillos porque el Gobierno les dio la orden", dijo a Efe Salmeron tras entregar la denuncia en La Haya.
El escrito, de más de cien páginas, recoge los testimonios de personas heridas en las marchas de París, entre otras ciudades, y le pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra un examen preliminar contra Francia.
Entre los casos recogidos están el de Zineb Redouane, una anciana que murió el pasado diciembre tras recibir un impacto en la cara producido por una granada lacrimógena, y el de otro hombre que perdió la mano tras recoger del suelo un artefacto similar que aún no había estallado.
Según Salmeron, unas mil personas han sufrido heridas en las manifestaciones, algunas por culpa de armas utilizadas por antidisturbios franceses que, según dijo, están "prohibidas" por la Unión Europea.
"Estamos viendo como cada fin de semana hombres, mujeres, niños e incluso personas discapacitadas son golpeadas por la Policía", indicó.
"Hay gente que está siendo perseguida, golpeada y mutilada. Es inaceptable", añadió la letrada, para quien la mayoría de los manifestantes detenidos en las protestas "han sido encarcelados sin motivo".
Para la abogada, los máximos responsables de la violencia son el presidente Macron y el ministro Castaner, pero también habría responsabilidades entre los mandos policiales porque "están obedeciendo órdenes que son claramente ilegales".
La jurista, que fue acompañada por un pequeño grupo de "chalecos amarillos" holandeses, animó a los miembros de este movimiento en otros países a denunciar la supuesta represión de los Gobiernos ante la CPI.
