La seguridad social es uno de los principales derechos a los que las parejas del mismo sexo buscan tener acceso a través del matrimonio. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Si bien el matrimonio igualitario es un derecho garantizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta no puede obligar a los diputados del Congreso del Estado de Durango a legislar en favor de ello, pero concede amparos para que pese a la negativa del Estado, las personas del mismo sexo puedan unirse en matrimonio.
Como se informó, la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Local, de nuevo aplazó la conclusión sobre el matrimonio gay en la entidad, por ello en este momento las parejas que deseen casarse pueden recurrir al amparo.
Julieta Hernández, presidenta de la Asociación Sí Hay Mujeres en Durango, indicó que si el Registro Civil no casa a las personas, "ellos pueden recibir multas millonarias y hasta destituciones".
El amparo tiene un costo; no obstante, ante las condiciones económicas de las parejas, asociaciones como esta lo realizan gratuitamente en coordinación con la organización nacional Matrimonio Igualitario.
Actualmente hay por lo menos dos parejas que han manifestado su necesidad de casarse por el civil, así que Hernández espera que no haya inconvenientes, de haberlos interpondrán el amparo.
Reprochó que ante la jurisprudencia que dio la SCJN al matrimonio igualitario, el Código Civil de Durango es contradictorio.
"Debería cambiar tanto en matrimonio gay, adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo como identidad de género puesto que son cosas que ya están ordenadas por la corte", destacó.
Cabe mencionar que en nuestro país no existe autoridad que se encuentre por encima de la SCJN o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.
