La Fepade está disponible para atender las denuncias por delitos electorales. (EL SIGLO DE TORREÓN)
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) es la instancia encargada de recibir las denuncias que se presenten con motivo del proceso electoral, que se desarrolla en el estado de Durango y en otras cuatro entidades del país.
La institución de carácter federal, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), trabaja en coordinación con otras áreas como el Instituto Nacional Electoral y el propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Durango, para poner a disposición de la ciudadanía todas las herramientas necesarias a fin de investigar y sancionar todas aquellas acciones que constituyan un delito de carácter electoral.
Por ese motivo, se informó que los sistemas de atención ciudadana están disponibles las 24 horas los 365 días del año, para denunciar e informarse sobre los delitos electorales.
Quienes sean víctimas o testigos de una conducta fuera de la ley, puede comunicarlo en el número telefónico 01800 833 7233, o bien, a través del portal www.fepadenet.gob.mx.
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral, y que además atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible, según da a conocer la Fepade en su página oficial.
Cualquier persona puede llegar a cometer un delito de este tipo, desde los funcionarios electorales, partidistas, así como precandidatos, candidatos, servidores públicos, encargados de campañas y los ministros de culto religioso; son conductas que sanciona la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
En el ámbito federal, la Fepade es la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos electorales para garantizar tus derechos.
PRINCIPALES DELITOS ELECTORALES
Entre las principales acciones sujetas de sanción como delitos electorales, figuran la compra y coacción del voto; el condicionamiento de programas de carácter social a cargo del gobierno a cambio de votar a favor de un determinado partido o candidato.
También se menciona el hecho de retener, sin causa justificada por la ley, una o más credenciales para votar de los ciudadanos, conforme al Artículo 7 fracciones V y VI de la legislación.
Dentro de los delitos más comunes, figuran facilitar el transporte para que las personas vayan a votar a donde les corresponde, y que les digan por quién votar.
También es delito que los representantes de partidos políticos, impidan la instalación, apertura o clausura de una casilla, así como el escrutinio, traslado y entrega de documentación electoral.
Los ministros de culto religioso tampoco deben inducir el sentido del voto o a abstenerse de votar.
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, también prohíbe que exmagistrados electorales, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del INE, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los poderes Ejecutivo o Legislativo, cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo.
