El país cuenta con leyes para detener el efecto de esta ley. (NOTIMEX)
El Gobierno de México cuenta con la legislación necesaria para contrarrestar los efectos de la Ley Helms-Burton.
Se trata de la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió a través de un comunicado, que se protegerá jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas por la suspensión del Capítulo III de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, conocida como Ley Helms-Burton.
El Gobierno de Estados Unidos decidió suspender, desde el pasado 2 de mayo, el capítulo III de la ley que se refiere a los derechos que otorgan las autoridades a empresas para demandar a quienes realicen negocios con propiedades estadounidenses, confiscadas por el gobierno de Cuba después de 1959.
Ello significa que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense, corre el riesgo de ser demandado ante tribunales norteamericanos.
"El Gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas. Al igual que otros países, México analiza las instancias legales correspondientes, para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses de los mexicanos en el exterior", señaló la Cancillería mexicana.
FACULTAD DE SECRETARÍAS
Entre otros puntos, la ley estipula que la SRE y la SE tienen la facultad de brindar asesoría a las personas afectadas, así como la obligación de los tribunales nacionales de denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con base en la Ley Helms-Burton.
Además de la prohibición a todas las personas (físicas, morales, públicas o privadas) de proporcionar cualquier información requerida por tribunales o autoridades extranjeras con base en esta ley, y la facultad de la SRE para imponer sanciones pecuniarias en contra de aquellas personas que violen los preceptos de la Ley.
Así como la existencia de una reclamación "espejo" a través de la cual las personas afectadas por la aplicación de la ley podrán demandar ante tribunales nacionales a aquella persona que los demandó ante cortes estadounidenses, y solicitar como daños y perjuicios la misma cuantía a la que fueron condenados en Estados Unidos, por mencionar algunas.
