Busca darle certeza jurídica al Centro de Inteligencia Municipal (CIM) que será inaugurado el próximo 14 de mayo. (ARCHIVO)
Ayer se presentó la propuesta para el nuevo Reglamento de Videovigilancia Urbana, que busca darle certeza jurídica al Centro de Inteligencia Municipal (CIM) que será inaugurado el próximo 14 de mayo y que estará facultado para realizar una vigilancia permanente mediante un sistema de 105 cámaras de alta tecnología conectadas a la operatividad de la Dirección de Seguridad Pública.
La normativa propuesta, que fue turnada al Comité Técnico de Reglamentación para su estudio y análisis, contiene 45 artículos y contempla un lenguaje incluyente no sexista, el respeto a los Derechos Humanos y lo fundamental en la captación, grabación, reproducción y tratamiento de imágenes con o sin sonidos, además de la creación de un comité de videovigilancia.
José Ignacio García, primer regidor y presidente de la Comisión de Gobernación dijo que se harán las observaciones pertinentes y que se espera que el Reglamento quede listo a la par del inicio de operaciones del CIM, cuya inversión es de más de 60 millones de pesos.
En términos generales, el reglamento señala que será de carácter estrictamente reservado, y será función exclusiva del cuerpo de Seguridad Pública Municipal la instalación, operación, administración, monitoreo, captación y transmisión de imágenes, con o sin sonido, por cualquier medio conocido, presente o futuro, así también la grabación, colocación de infraestructura de soporte, postes y demás equipamiento, en vías y lugares públicos.
Durante la sesión de la Comisión de Gobernación y Reglamentación se dio a conocer que esta normativa prohíbe expresamente a particulares colocar, instalar o monitorear videocámaras en estructuras públicas, propias o del carácter que sea en espacios públicos o en sitios que violenten y vulneren los Derechos Humanos y el derecho a la privacidad de las personas. Por tratarse de una competencia de las autoridades municipales, estatales y federales, los videos tendrán vigencia en archivo de 30 días, salvo lo relacionado con hechos delictivos.
