Exhumación e inhumación La luz verde, 13 años después, para exhumar 63 de 65 cadáveres que se mantienen bajo las ruinas de la mina de carbón de Pasta de Conchos, Coahuila, tras la terrible explosión del 19 de febrero de 2006, le abre la puerta, paradójicamente, a la inhumación de mitos en torno al penoso caso.
De entrada, estamos hablando de la versión de que el caso abrió la puerta a una persecución del líder minero, hoy senador, Napoleón Gómez Urrutia, por su exigencia de justicia.
Más allá, estamos hablando de la resistencia tenaz de la Secretaría del Trabajo, durante la era de Javier Lozano Alarcón, para impedir el rescate de los cuerpos, llegando a alegar la existencia de un estudio en que se alertaba que la acción provocaría una epidemia de tuberculosis.
En el primer caso salta a la escena un convenio firmado un mes antes de la tragedia entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y el Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, propietario de la mina, vía el cual se permitía la contratación de 100 trabajadores externos.
La acción apuntaba a “la realización de obras para conservación y mantenimiento de la fuente de trabajo”.
El documento fue avalado por el entonces subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, Emilio Gómez Vives, y dos funcionarios conciliadores de la dependencia, Alejandro Peguera Pérez y Fernando Reséndiz Guzmán.
Ese mismo día, Grupo México, vía el director general Corporativo de Recursos Humanos, Gabino Pérez González, le envió una carta al Comité Ejecutivo del sindicato señalando que por el arreglo alcanzado por el Comité Local le otorgaban a éste 140 mil pesos por gastos de previsión social.
En carta aparte se confirmaba un pago adicional de 108 mil pesos por 1% de cuotas sindicales de los contratados.
En una tercera, además, se planteaba un pago de más de 100 mil pesos por el mismo concepto de gastos de previsión social.
La modalidad con que se contrató a los 100 trabajadores fue “terceros” o “contratistas”, especificándose que entre sus tareas estaría la instalación de bandas generales, ampliación de baños, operación minera continua y edificios para laboratorios, con un salario de 300 pesos diarios.
Los documentos especificaban que las labores se realizarían “con medios propios y bajo su absoluta responsabilidad”.
El sindicato minero, pues, no sólo conocía, sino avaló y se benefició de las subcontrataciones… de personal desprotegido de las mínimas prestaciones sociales.
Las anomalías salieron a flote tras la explosión, en medio de un marco inaudito de desgarramiento de vestiduras del sindicato.
De ahí la distancia que han mantenido frente a éste los deudos de los mineros sin tumba, a quienes se le han escatimado las prestaciones ofrecidas por Grupo México.
El dueño de éste, Germán Larrea Mota Velasco, aceptó por escrito la exhumación.
BALANCE GENERAL
Mientras los analistas consultados por el Banco de México reducen a 1.52% sus expectativas de crecimiento económico del país para este año, el Plan Nacional de Desarrollo, entregado al escrutinio de la Cámara de Diputados, plantea un crecimiento promedio de 4% en los primeros cinco años del sexenio, para llegar al sexto con 6%.
El objetivo fue calificado de quimérico por los organismos privados.
Sin embargo, el documento de 228 páginas reitera conceptos que destruyen teorías opositoras, por ejemplo el mantener la convivencia entre capital público y privado; el respeto al equilibrio presupuestal; la certeza de legalidad, el combate a la corrupción y el dispendio públicos, además de una nueva estrategia para actuar contra la inseguridad.
