A pesar de las denuncias que han interpuesto, el Estado mexicano y en particular el Gobierno de Oaxaca han sido omisos. (TWITTER)
Desde hace dos años, los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, Oaxaca, no tienen acceso al agua; sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo mantienen en su poder el manantial que les suministraba el líquido con el argumento de un conflicto agrario.
Este jueves, ante lo que consideraron omisión del Estado para garantizar este derecho a la comunidad, el caso fue llevado ante la Relatoría de Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Las autoridades municipales y agrarias de San Pedro y San Pablo Ayutla, encabezadas por Rubén Olivares Martínez y Alejandro Martínez Ramírez, respectivamente, hicieron llegar un documento a la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígena de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz.
En él detallan la grave situación que padecen desde el 5 de junio de 2017 por la falta de agua potable y por los atentados a los derechos humanos que han sufrido "sin que las autoridades gubernamentales hayan tomado cartas en el asunto", ya que -afirman- en su actuar los organismos del Estado los han revictimizado y criminalizado. "Ante esta actuación del Gobierno y al haber agotado todas las instancias de denuncia", apuntan, "nos dirigimos a usted para comunicarle esta situación en su calidad de relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas para que, de ser posible, pudiera requerir información y recomendaciones sobre este caso al Estado mexicano, y en particular al Gobierno del Estado de Oaxaca".
El 18 de mayo de 2017, un grupo armado ligado a la comunidad de Tamazulápam del Espíritu Santo tomó por la fuerza 25 solares en la que habitaban comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla y el paraje en el que se encuentra el manantial que proveía de agua a la comunidad.
