El expresidente del Barcelona Sandro Rosell durante una conferencia de prensa en el estadio Camp Nou en Barcelona, España.
El expresidente del Barcelona Sandro Rosell fue absuelto de cargos de lavado de dinero tras pasar casi dos años en prisión.
La Audiencia Nacional en Madrid anunció ayer que no había suficientes evidencias para alcanzar un veredicto de culpabilidad por cargos relacionados a la venta de derechos de transmisión televisiva de partidos relacionados a la selección nacional de Brasil.
Rosell estuvo arrestado casi 22 meses tras ser acusado de malversar fondos derivados de la venta de derechos de transmisión televisiva y de la organización de amistosos en los que participaba Brasil, así como de un contrato de patrocinio entre Nike y Brasil.
La Fiscalía española inicialmente pidió una sentencia de 11 años de prisión y una multa de casi 60 millones de euros para Rosell, quien también fue acusado de ser parte de una organización criminal. Al principio, los fiscales dijeron que Rosell ayudó a lavar casi 20 millones de euros relacionados a comisiones por partidos de Brasil. Después de que ambos partes presentaron sus casos en el juicio, la sentencia pedida por la fiscalía fue reducida a seis años.
Rosell, de 55 años, exejecutivo de Nike en Brasil, presidió el Barcelona entre 2010 y 2014. Los cargos en su contra no estuvieron directamente relacionados al período que fungió como presidente del club catalán.
El actual presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, manifestó su apoyo a Rosell durante el juicio, que comenzó en febrero. Rosell fue detenido en 2017 y las autoridades le negaron varios pedidos para salir libre bajo fianza. Salió libre días después de que inició el juicio en Madrid.
Las otras cinco personas a las que se le presentaron cargos por el mismo caso, incluyendo la esposa de Rosell y su exsocio, Joan Besoli, también fueron absueltos.
PEDIRÍAN INDEMNIZACIÓN
Los abogados de Rosell han denunciado que "el sistema ha fallado" en su caso y han anunciado que, una vez que la sentencia sea firme, se plantearán exigir responsabilidades e indemnizaciones.
En rueda de prensa, Pau Molins y Andrés Maluenda, abogados de Rosell, han considerado que la prisión preventiva a que estuvo sujeto su cliente fue "abusiva y desproporcionada", por lo que estudiarán "si ha habido un mal funcionamiento de la administración de justicia, por parte de la instructora" y de otras personas, de cara a exigir eventuales responsabilidades.
"Este es un caso paradigmático de lo que no puede ser un procedimiento penal, lleno de irregularidades", ha apuntado Molins, que ha advertido que "alguien deberá pedir disculpas" y "revisar los requisitos de la prisión preventiva".
