La Contraloría no ha recibido ninguna queja por funcionarios que realicen labores proselitistas en horario de trabajo.
Los funcionarios en Lerdo han sido "bien portados", por lo que no se han registrado quejas en la Contraloría del Ayuntamiento, de ningún partido político, respecto a personal que sea detectado realizando labores proselitistas en horario de oficina.
"Ninguna queja, de ningún color ni partido", dijo Ricardo Olivares Porras, contralor municipal.
Durante las campañas electorales de los candidatos que buscan la alcaldía de Lerdo, se advirtió a los funcionarios de la presidencia municipal que no pueden apoyar a los aspirantes ni participar en sus actividades en su horario de trabajo, ni tampoco hacer uso de los recursos del ayuntamiento para ello, como son los vehículos oficiales.
"Ya después de su horario de trabajo, ellos pueden manifestarse con los colores que ellos quieran, no hay ningún problema, y con sus propios recursos, vehículos personales, nada del Municipio, si llega a haber algún señalamiento de una persona, pues aquí estamos para recibirlos y hacerles la sanción correspondiente", expresó.
De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), a los servidores públicos les está prohibido amenazar a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña o campaña, para que voten o se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición.
Tampoco pueden condicionar un servicio público o un programa, la entrega de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obra pública, a la emisión del sufragio.
Otro punto es destinar, utilizar o permitir el uso, de manera ilegal, de fondos, bienes o servicios que el servidor público tenga a su disposición, en virtud de su cargo. Esto, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.
Tampoco pueden proporcionar apoyo o prestar algún servicio, por sí o a través de sus subordinados, en horarios de labores; solicitar a sus subordinados aportaciones de dinero o en especie para apoyo electoral; y abstenerse de entregar o negar, sin causa justificada, información solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con sus funciones de fiscalización.
