El general de brigada Luis Rodríguez Bucio fue desigando por López Obrador como comandante de la Guardia Nacional. (EFE)
Al rechazar los nombramientos en el cuerpo de mando de la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dijo abierta a promover una acción de inconstitucionalidad si activistas y organizaciones de la sociedad civil lo solicitan.
El organismo nacional consideró que sí existen las condiciones jurídicas para hacerlo. La designación de Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional dividió opiniones entre organizaciones civiles, expertos en temas de seguridad y legisladores, quienes vieron en el militar casi en retiro al perfil adecuado.
Otros descalificaron la decisión, pues consideraron que se rompe el acuerdo de que ese cuerpo quede bajo un mando civil.
"Luis Rodríguez Bucio está en activo, debe pedir licencia (...) Debe ser civil, pero parece que al Presidente no le interesan los acuerdos ni la Constitución", consideró María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común.
Amnistía Internacional indicó que incumplir este acuerdo resta legitimidad al proceso por el cual se aprobó la Guardia Nacional y reaviva las dudas respecto de la voluntad del gobierno para dialogar con la sociedad civil organizada.
Alfredo Lecona, vocero del colectivo Seguridad Sin Guerra, que agrupa a artistas y activistas, calificó de muy irresponsable la elección de militares en proceso de retiro: "Es tanto como decir: 'Pues sólo estamos violando la Constitución por un ratito, mientras se les concede el retiro'".
Contrario a esta postura se mostraron expertos en el tema, quienes señalaron que la trayectoria militar de Rodríguez Bucio, así como su conocimiento del Ejército y la Marina, avalan su nombramiento.
"Es un evento histórico. La Guardia Nacional no había cobrado sentido, aunque estaba mencionada en la Constitución de 1857 y en la de 1917 (...) Se está dando un paso muy importante para la seguridad pública", indicó Javier Oliva Posada, experto en Fuerzas Armadas. En tanto, la oposición en el Senado dijo que el nombramiento viola la Constitución, por ser un militar en activo, aun cuando está en proceso de retiro, por lo que en caso de que haya violaciones a los derechos humanos, la responsabilidad será de Andrés Manuel López Obrador.
