En respuesta, el gobierno venezolano puntualizó que no reconocerá a ningún representante, 'sea cual sea la titularidad o denominación que se le otorgue ante el seno de la OEA', que no haya sido designado por el presidente Nicolás Maduro. (EFE)
El Gobierno de Venezuela denunció hoy que la decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de aceptar como representante al "enviado" del líder opositor Juan Guaidó, es una violación del derecho internacional y de la Carta del propio organismo interamericano.
En un comunicado, publicado en el portal de la cancillería, el gobierno venezolano manifestó que la decisión tomada este martes por la OEA "convalida el plan de golpe de Estado iniciado el 23 de enero pasado", cuando Guaidó se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela.
Asimismo, el texto indicó que la aceptación de Gustavo Tarre como representante de Venezuela ante la OEA busca "crear condiciones para profundizar la agresión injerencista contra nuestro país, incluyendo la amenaza de una intervención militar", reportó la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).
Este martes, la OEA aprobó una resolución que reconoce como representante de Venezuela a Gustavo Tarre, "designado" por la Asamblea Nacional (congreso), presidida por el líder opositor Guaidó, "hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un gobierno democráticamente electo”.
En respuesta, el gobierno venezolano puntualizó que no reconocerá a ningún representante, "sea cual sea la titularidad o denominación que se le otorgue ante el seno de la OEA", que no haya sido designado por el presidente Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas manifestaron que tampoco aceptarán ninguna decisión o acuerdo adoptado de manera bilateral o multilateral en el seno de la OEA con la participación "de un fantoche político usurpador", sin que ello suponga desconocer los tratados previamente acordados por Venezuela.
Por último, el gobierno venezolano ratificó su decisión de abandonar la OEA a partir del próximo 27 de abril, de conformidad con la denuncia presentada hace dos años.
Caracas argumentó que su decisión obedece a que "la República Bolivariana de Venezuela no puede permanecer en una organización arrodillada a los intereses imperiales y supremacistas de la administración estadunidense".
