El líder opositor Juan Guaidó (Izq.) reaccionó al anuncio de la Constituyente llamando a los ciudadanos a reaccionar con 'protesta estratégica organizada' . (EFE)
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, conformada solo por chavistas, dio luz verde ayer a la continuación de un enjuiciamiento contra el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por unos 60 países, que en respuesta ha llamado a sus seguidores a protestar.
En una sesión con gritos de "paredón" y peticiones de "tribunales populares" para juzgar a los opositores, la ANC aprobó sin decirlo expresamente el levantamiento de la inmunidad de Guaidó tras acusarlo por actos terroristas y crímenes de lesa humanidad.
El foro chavista dio luz verde a la continuidad del enjuiciamiento después de que ayer el presidente Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, le solicitara "el allanamiento a la inmunidad parlamentaria" de Guaidó tras declararlo en desacato.
El punto primero del decreto establece "autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (...) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela".
El artículo 200 de la Constitución venezolana establece que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá "en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento".
"Esto es parte de la historia nuestra", indicó el presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida en un decreto en el que no se mencionó formalmente el término inmunidad.
"Queda el Supremo autorizado y démosle el tiempo a la justicia", agregó Cabello.
La Fiscalía mantiene una investigación abierta a Guaidó después de que este se proclamase presidente encargado el 23 de enero, para lo que el TSJ aprobó el 29 de enero, y ratificó ayer, medidas cautelares de prohibición de salida del país y la congelación de sus bienes.
