En lo que pareciera la-última-ynos-vamos de funcionarios y empleados de la Secretaría de Energía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se investiga un posible contubernio para etiquetar el destino del remanente del fondo conjunto para apoyo de tareas de investigación o adelantos tecnológicos Este, dotado de 9 mil millones de pesos a resguardo de un fideicomiso radicado en Banobras, tenía, en la agonía del anterior sexenio, un saldo aproximado de 2 mil.
Hace unos días le comentábamos en este espacio el caso de un empresario, Andrés de Antonio Simanca, que teniendo la patente de un invento que en el papel podría recuperar residuos de yacimientos petroleros abandonados por Pemex, fue bateado por el organismo.
La petición concreta era enrolarlo en el Fondo Hidrocarburos Sener- Conacyt ante la imposibilidad financiera de desarrollar la tecnología, en cuyo marco se calienta el combustible adherido a grietas, lo que permite su extracción.
La promesa hablaba de que en Cantarell, por ejemplo, donde hay 40% del fluido sin extraer, se producirían más de 3 mil barriles diarios.
El funcionario que rechazó analizar el proyecto dirigió al solicitante hacia las firmas petroleras multinacionales.
La sospecha del contubernio llegó en forma fortuita. Hete aquí que a su llegada al cargo, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, decidió hacer una revisión del personal, decidiendo que se removiera a los funcionarios y empleados encargados del fondo, pese a la advertencia de que se trataba de personas que habían hecho carrera en la dependencia.
La orden se mantuvo firme, supeditándola a que cada uno de ellos recibiera la indemnización de ley que le correspondiera.
La sorpresa llegó ante la respuesta de éstos: Nos vamos sin liquidación, pero la renuncia se fecharía el 31 de enero, es decir, casi 60 días después.
Algunos de ellos participaban en el Comité Técnico del fideicomiso.
En el entretanto la directora general del Conacyt, María Elena Alvarez Buylla, se había reunido con la Secretaría de Energía para informarles que al cuarto para las 12 se habían etiquetado los remanentes del fondo por parte de funcionarios y empleados de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación del organismo.
La pinza parecía encajar a la perfección.
Los recursos apuntaban a asesorías, becas y apoyos ajenos al objetivo toral del fondo.
Por lo pronto, la propia Secretaría de Energía ha girado un oficio, con respaldo de la administración del Conacyt, para que Banobras congele la salida de recursos, en tanto se investiga el fondo de asunto.
En paralelo, se le dio vista a la Secretaría de la Función Pública.
Rescoldos del sexenio podrido.
BALANCE GENERAL
Excluidas de la invitación para pelear el contrato de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, empresas de alta capacidad como Fluor Daniels, en cuyo capital participa el grupo ICA, la buena noticia es que se coloca en la mesa el compromiso de alcanzar 50% de contenido nacional.
En el mejor de los casos en obras de gran envergadura, el máximo alcanzado era de 35.
En el caso, por ejemplo, de la reconfiguración y modernización de la refinería de Cadereyta realizada por un consorcio encabezado por una empresa coreana, la participación mexicana en materia de insumos no llegó ni a 10%. En afán de encuadrar su oferta que dejó imposibles las posibilidades de cualquier empresa mexicana, los coreanos trajeron de su país material de segunda y hasta tercera mano y mano de obra gratuita con jóvenes que canjeaban por trabajo dos años de cuartel en el servicio militar.
VERSIÓN DE TECHINT
Invitada a participar en la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, la empresa Techint Ingeniería y Construcción señala que su filial en el país participó como socio estratégico y operador técnico en el gasoducto Los Ramones… sólo que en una etapa avanzada.
Entregado el contrato a las firmas Odebrecht y Arendal, éstas la invitaron ante los grandes retos técnicos y vasta experiencia adquirida en 65 años de operar en el país.
La firma rechaza haber participado en la construcción del complejo Etileno XXI, y aunque acepta que recibió cinco contratos del gobierno argentino durante la administración Kirchner rechaza, haber sido parte del llamado “Club de la Obra Pública”.
En el proceso de investigación abierta ninguno de sus funcionarios ha sido involucrado.
