Convertida en deporte nacional durante el último tramo del sexenio pasado la creación de empresas fantasma que expedían facturas apócrifas en alimento de la corrupción pública y privada, de acuerdo con la Procuraduría Fiscal la evasión alcanza dos billones de pesos, tres tantos más de lo que calcula el Instituto Belisario Domínguez.
La danza encuadra además a las firmas outsourcing, cuya proliferación engloba ya el escándalo de 80% de los empleos formales que se crean en el país.
En vía de cerrar la llave de una ola cuyo monto equivale a la mitad del presupuesto de gasto del gobierno, se colocó en el Senado una iniciativa que en la práctica equipara la evasión fiscal con delincuencia organizada.
No habrá, pues, posibilidad de fianza para infractores. Como usted sabe, las empresas fantasma se plantean como careta para desviar recursos públicos, simulando que son receptoras de contratos para obras o abasto frente a los que carecen de capacidad, canalizando el botín a la instancia “contratante” o a otras firmas creadas por funcionarios venales.
El caso más emblemático se dio en el gobierno de Veracruz, bajo la tutela de Javier Duarte.
Sin embargo, decíamos, la práctica también se da en el ámbito privado.
En la cacería participa no sólo la Procuraduría Fiscal de la Federación, a cargo de Carlos Romero Aranda, un abogado que trabajó en la instancia hace 20 años, sino la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria y hasta la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
La guadaña alcanza a las empresas que subcontratan personal para tareas a favor de otras, conocidas como tercerías u outsourcing.
Aunque existe una reforma a la Ley Federal del Trabajo que vuelve corresponsable a las contratantes de éstas frente a violaciones a la ley, bajo el nuevo marco el peso total de la responsabilidad recae sobre éstas.
Pero el principal punto negro de las que están en la mira es la simulación en la contratación de capital humano, oscilando desde registrar a trabajadores como miembros de sindicatos o como profesionistas independientes, eludiendo para fines fiscales el sueldo real que perciben, la sofisticación llega a manejar las percepciones como honorarios, como póliza de seguros o como derechos de autor, en la doble finalidad de evadir el Impuesto sobre la Renta y la inscripción al Seguro Social.
La mayoría de los pagos salariales se hace al margen de recibos timbrados por el Servicio de Administración Tributaria.
En la Cámara de Diputados está una iniciativa para modificar el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, vía lo cual se creará una unidad de verificación para vigilar el cumplimiento de la ley por parte de las tercerías.
El primer acto de la cruzada llegará en los próximos días, apuntando hacia una feria de facturas falsas en el marco de contratos públicos para el sector salud.
Pasos en la azotea.
BALANCE GENERAL
Cierto que cuando una calificadora de deuda coloca en revisión negativa a Petróleos Mexicanos o a la Comisión Federal de Electricidad, en la carambola pone en jaque la calidad crediticia de la deuda soberana del país, en la lógica de ser el gobierno aval de ambas instancias.
El efecto dominó le pega también a los bancos de desarrollo por la misma circunstancia.
Sin embargo, esta vez Standard & Poor’s, aunque en paquetes distintos, coloca en tabla rasa a instancias y empresas privadas como América Móvil, su filial Telcel, Coca-Cola FEMSA, la cadena de tiendas Liverpool… y los principales bancos del país. La exposición de motivos habla de expectativas económicas débiles derivadas de la disminución continua de la confianza de los inversionistas y la incertidumbre sobre las políticas de energía del gobierno.
La paradoja del caso, frente a las firmas privadas afectadas, es que en febrero creció el índice de confianza del consumidor, acercándose a niveles de optimismo.
