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Cancelación de subsidio pone vidas en riesgo: ONG

En contra. Protestan en contra del Gobierno federal por suspender entrega de subsidios por la seguridad de las mujeres.

En contra. Protestan en contra del Gobierno federal por suspender entrega de subsidios por la seguridad de las mujeres.

AGENCIAS

Activistas en derechos humanos de Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo y la Ciudad de México advirtieron que la cancelación de subsidio del gobierno federal a los refugios para mujeres violentadas pone en riesgo la vida de las víctimas de violencia feminicida y trata de personas.

Las lideresas de Grupo Unido de Madres Solteras de Guanajuato, Norma Nolasco Acosta, y del Observatorio Ciudadano de Violencia de Género de Aguascalientes, Mariana Ávila Marmolejo, expresaron una "gran preocupación" por la eliminación de recursos a los espacios creados para las mujeres que están en peligro de muerte.

El panorama será analizado por la Red Nacional de Refugios y por diversos organismos sociales de defensa a los derechos humanos, que emitirán un posicionamiento al respecto. "Antes de un tema de recursos, debe estar ante todo la vida de las niñas, las mujeres y sus hijas e hijos. La mayoría de los refugios acepta a las mujeres con sus [descendientes]", dijo Mariana Ávila. También, Paola Olvera Feregrino, directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, se pronunció en contra de esta medida hacia organizaciones civiles que brindan atención a víctimas de violencia extrema. Implica un "grave retroceso" que vulnera derechos humanos, advirtió. Dolores Blancas, presidenta de Casa Gaviota, asociación civil que ayuda a mujeres víctimas de violencia familiar, consideró que la medida se toma sin profundizar en las consecuencias negativas.

A Blancas, cuya organización tiene su sede en la Ciudad de México y opera con fondos privados, le han tocado casos de mujeres que tuvieron que ser protegidas en refugios, ya que estuvo o está en riesgo su vida y la de sus hijos.

Como integrante del Primer Parlamento de Mujeres de la CDMX, se pronunció en contra de la decisión, "porque se pone en riesgo a más de 20 mil mujeres y contraviene las obligaciones del Estado de garantizar su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos, y las disposiciones establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y Ley General de Víctimas".

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