Pacto de impunidad
Muchos mexicanos nos hemos preguntado más de una vez, si AMLO habrá hecho (o refrendado) un pacto de impunidad con Peña Nieto y su gabinete, pues es curioso que a partir del momento en que fue declarado vencedor en las elecciones de julio de 2018, el actual presidente, no haya hecho mención alguna del presidente Peña Nieto, ni siquiera cuando se habló de corrupción en asignación de contratos en el ya cancelado aeropuerto de Texcoco, y en la malhadada reforma Energética; a diferencia de los dimes y diretes, que en el tema del combate al huachicoleo ha sostenido con los ex presidentes Fox y Calderón y la enquistada corrupción en Pemex, cuyo primer atisbo a la luz pública fue con el conocido soborno de Odebrecht al ex director de Pemex, Emilio Lozoya; caso que lo costó el puesto a Santiago Nieto, encargado de la entonces PGR.
AMLO ha afinado su puntería. Ya no despotrica contra empresarios, lo cual es bueno para México; ya no hay mafia del poder; ahora el poder lo tiene él y su partido; pero en términos de justicia, los hechos han contradicho sus promesas de campaña.
Si la corrupción implica impunidad; entonces el combate a la primera implicaría enfrentar a la segunda, lo cual abonaría a la buena práctica de la justicia; y no ha sido así. Hubo una efímera guerra contra grandes y pequeños huachicoleros; pero no hay procesados; al menos no en la medida en que se supondría podría haber, dada la información que se ha publicado.
El perdón, más que la ley, es ahora la vara de la justicia, si se le puede llamar así. Los delincuentes ya no tienen nada que temer. La primer funcionaria que recibió el perdón fue Rosario Robles Berlanga, implicada en la Estafa Maestra. AMLO dijo que no era culpable, sino un chivo expiatorio; no fue así con tres funcionarios de Pemex, despedidos por tener responsabilidad en ese mega fraude; pero en el tema del huachicoleo a ningún funcionario se le fincaron responsabilidades, a pesar que el propio AMLO dijo que el mayor robo de combustóleos estaba al interior de Pemex.
Sobre el mismo tenor, es válido pensar que el Ejecutivo nada tiene que hacer en el ámbito judicial y que para eso está la Fiscalía General de la Nación, ahora en manos de Alejandro Gertz Manero, abogado y político, elegido por el Senado por un período de 8 años (1019-2027); pero tal parece que no ha pasado la prueba, pues ha hecho mutis al caso Odebrecht, y la pifia más reciente: ha “perdonado” a líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Antonio Romero Deschamps, al pecar de omisión en el trámite judicial para vincular a proceso a quien se presume culpable de los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, evasión y defraudación fiscal, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Un manto impunidad ha cobijado a Romero Deschamps, por negligencia, ineptitud o quizás porque el Fiscal General de la Nación esté siguiendo línea del presidente AMLO, en respeto al pacto de no procesar a ningún funcionario de administraciones anteriores a ésta.
Romero Deschamps está de fiesta, al recibir de parte de Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de distrito, en Naucalpan, la suspensión definitiva contra cualquier orden de aprehensión en su contra, ya sea a nivel federal o de fuero común.
Con este amparo logrado por Romero Deschamps, se vienen abajo las esperanzas de tener una verdadera justicia. De seguir así, las expectativas de un México mejor se irán, igual que el agua se escurre entre las manos. ¿Resultará AMLO otro Fox? ¿Tan mala suerte tendremos los mexicanos?
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
