Habitantes del municipio de Tlahualilo señalaron el abandono y ausencia de obras durante la actual administración. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Habitantes del municipio de Tlahualilo solicitaron, mediante un escrito, la intervención del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres ante lo que consideran una situación grave en la que se encuentra dicha localidad, a partir de la actual administración a cargo de Sergio Nevárez Nava.
En dicho documento, los quejosos señalan escasa o casi nula obra pública en todo el municipio, a pesar de que los recursos llegan de manera programada; además, acusan de que su aplicación no es transparente.
Refieren también supuestos abusos de los cuerpos de seguridad, tanto municipal como estatal, al señalar que sin importar si se trata de faltas administrativas o delitos menores o mayores, los ciudadanos son objeto de atropellos y multas fuera de normatividad.
Describen también servicios públicos municipales deficientes e irregulares, como es el caso de la recolección de basura, los permisos para la venta de bebidas con contenido alcohólico, así como la atención a plazas y parques.
La asistencia social y apoyo a las personas en condiciones más vulnerables es ausente, además de que la actual administración canceló los apoyos a estudiantes, principalmente para la compra de abonos de transporte escolar.
Con esa medida, muchos jóvenes quedaron sin la posibilidad de trasladarse desde sus casas a las universidades de Gómez Palacio, Lerdo o Torreón.
Los quejosos señalan también políticas abusivas e incongruentes en las actividades agrícolas, y sobre todo en el proceso de comercialización de fruta (melón y sandía), con cobros municipales arbitrarios a los "coyotes", compradores quienes sólo le cargan dicho cobro al precio que le pagan al productor, lo que se traduce en la incosteabilidad de la siembra y penurias económicas para las familias que dependen de esta actividad.
En el documento señalan también la urgencia de una declaración pública oficial sobre el fraude que la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) y el Congreso del Estado, detectaron en las cuentas públicas de 2017, sobre todo porque la responsable, Mará del Carmen Barraza fue separada de la Tesorería municipal y no se aplicado la ley en este caso.
