Asunto no está terminado, pero se delimitaron criterios de sanción máxima y mínima que puede ser dictada por Legislativo local.
Víctor Hugo Castañeda, ostentado como vocero del alcalde y del Ayuntamiento, celebró la determinación alcanzada por cuatro votos a favor y tres en contra de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El Tribunal resolvió los juicios SUP-JDC-592/2018 y su acumulado SUP-JE-62/2018, en los que José Ramón Enríquez Herrera cuestionó "las resoluciones emitidas por el Congreso de Durango por la que se le impusieron como sanciones una amonestación pública, una multa, la destitución del cargo y la inhabilitación por tres años y seis meses".
Esto con motivo de las vistas que dio la Sala Especializada del TEPJF, en los que esencialmente se determinó que el presidente municipal de Durango incurrió en promoción personalizada en el proceso electoral pasado.
El equipo jurídico de Enríquez Herrera presentó los argumentos legales que correspondió prudentes, logrando que la Sala Superior resolviera, por mayoría de votos, revocar las sanciones impuestas por el Congreso del Estado contra José Ramón Enríquez y reponer el proceso.
Es decir, la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado deberá iniciar un nuevo proceso sancionatorio contra el presidente municipal de Durango, pues se le reconoció su facultad para ello, pero se le indicó que las sanciones aplicables deben ser proporcionales a las faltas cometidas por Enríquez Herrera.
"La sanción va desde una amonestación privada, una amonestación pública, un apercibimiento y la multa. Queda desechado el juicio político o un juicio de procedencia, también queda en claro que la primera sanción que había mencionado el Legislativo en el sentido de iniciar una destitución del cargo se clasificó como desproporcionada y queda sin efecto", añadió Castañeda Soto.
