"Debieran ser 'excepcionales' las restricciones para que ex funcionarios de gobierno trabajen en la Iniciativa Privada, de lo contrario sería imponer 'diques' que restringirían el talento", afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
De ser ratificado por el Pleno del Senado en la próxima sesión, Camacho Castillo ocupará el lugar de María Elena Estavillo, quien asumió el cargo en 2013 y terminará su gestión el 28 de febrero.
Como comisionado, le tocará revisar temas como la Red Troncal, que próximamente se relanzará la licitación, la separación funcional de Telmex, el proyecto de la administración actual para conectar al país y la fusión Disney-Fox, entre otros.
De acuerdo con el documento enviado al Senado de República, Camacho Castillo es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por la University of Wisconsin-Madison.
Es maestro en Investigación de Operaciones por la UNAM y maestro en Economía de la Energía y del Ambiente por la Scuola Superiore Enrico Mattei-Ente Nazionale Idrocarburi en Italia.
En el ámbito profesional, tiene experiencia en el sector público, ya que se desempeña como Investigador en Regulación Comparada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, desde 2017, y en ese mismo instituto fungió como director general de Consulta Económica (2014-2017).
En la Comisión Federal de Competencia Económica se desempeñó como director general adjunto de Estudios de Competencia (2012-2014), director de Estudios y Concentraciones (2011-2012) y director de Estudios y Prácticas Monopólicas (2008-2011).
"Sugerir que un funcionario que ha vivido honestamente, que ha servido al Estado mexicano, deba estar 10 años en la banca, para decirlo coloquialmente, nos parecería un exceso", añadió el líder del sindicato patronal.
Añadió que "no debe haber diques entre el talento legítimo de los funcionarios y empleados honrados de uno u otro sector", debiera haber un "libre flujo de talento del sector público al privado".
Las restricciones, dijo, debieran ser excepcionales, por períodos razonables y sólo en la medida que las decisiones que asumieron tengan un impacto directo y específico en los sectores o en una o varias empresas.
Consideró que es excesivo pensar en imponerles una veda de 10 años a los exfuncionarios al impedirles que trabajen en el sector privado, tal y como se pretende hacer en la iniciativa de ley que dijo el Gobierno federal se presentará.
