Organizaron una rueda de prensa para dar a conocer algunas presuntas irregularidades que se han presentado con el recién nombrado director. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Pedro organizaron una rueda de prensa para dar a conocer algunas presuntas irregularidades que se han presentado con el recién nombrado director Jesús José Ponce Sánchez.
Los inconformes denunciaron violaciones a sus derechos humanos y laborales, pues señalan que se les degradó en sus puestos y se les disminuyó el sueldo en un 50 por ciento, es decir, de ganar 10 mil pesos mensuales, están percibiendo ahora un sueldo de sólo 5 mil pesos.
Aseguran que se les retiraron las armas y se les niegan los descansos, además de que trabajan sin el equipo necesario.
Dijeron que Ponce Sánchez también ha nombrado a ocho personas muy cercanas a él, a quienes integró como comandantes o jefes de grupo, aún sin estar dados de alta en el Secretariado Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, señalan que tampoco se han pagado los seguros de vida y que no cuentan con servicio médico.
Son en total once personas a quienes se les degradó en sus puestos, pero hay otras tres que fueron despedidas por supuestamente oponerse a la disminución en su sueldo, indicaron.
Denunciaron además agresiones personales y violencia de género contra las mujeres que forman parte de la corporación.
Explicaron que intentaron hablar con la alcaldesa Patricia Grado Falcón, para exponerle las presuntas irregularidades, pero no obtuvieron respuesta, y que al enterarse de que esta mañana darían una rueda de prensa, el secretario del Ayuntamiento, Jon Esaú Salazar, trató de convencerlos para que no se entrevistaran con los medios y les propuso respetarles su sueldo, pero se negaron, pues mencionan que las irregularidades continuarían y que además hay otros 30 elementos inconformes por el trato que reciben.
Señalaron finalmente que acudieron a la Junta de Conciliación y Arbitraje para interponer una denuncia laboral, pero ésta se declaró incompetente por tratarse de un conflicto de funcionarios públicos, por lo que tendrán que denunciar su situación con el Tribunal Administrativo de lo Contencioso, y adelantaron que interpondrán también una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
