No se van.Un grupo radical de maestros de la CNTE vuelve a obstaculizar las vías del tren en Michoacán. (EL UNIVERSAL)
Incrementos salariales del 100%, entrega de gasolina y mantenimiento a sus autobuses, la liberación de maestros acusados de secuestro, que no haya internet en las escuelas públicas, o la construcción de hoteles, son algunas de las demandas que en los últimos años la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha exigido al Gobierno federal y a autoridades locales.
En una revisión hecha se encontró que en los pliegos petitorios que la disidencia magisterial ha realizado se han pedido cosas que podrían calificarse como absurdas y que han sido condicionantes para terminar con paros educativos, plantones y tomas de carreteras e inmuebles.
Por ejemplo, en el pliego petitorio que la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca entregó al gobierno del estado el 1 de mayo del año pasado, en el punto 5 del apartado de Demandas Económicas se exigió a las autoridades educativas la construcción de un hotel en la playa de Puerto Escondido, así como la entrega inmediata del hotel Marley, ubicado en Huatulco.
En la misma lista se pidió también la renovación y mantenimiento del parque vehicular, así como dotación de combustible "de manera integral para el trabajo pedagógico de la sección".
En junio de 2015, en una larga lista de exigencias del brazo político de la Sección 22 de la CNTE oaxaqueña, el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación del Estado de Oaxaca (MDTEO) rechazó la instalación de internet en las aulas porque, aseguran, "se prestan a los programas de la mal llamada reforma educativa y de la evaluación punitiva".
Incluso, en el mismo documento se acordó responsabilizar a todos los medios de comunicación de la integridad física de los miembros del MDTEO, "por la especulación emprendida sobre los salarios de la dirección seccional al exponerlos ante la delincuencia".
Ese año, en el plantón que hicieron en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, el magisterio disidente pidió un aumento salarial de 100%, así como mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores de la educación activos, personal de apoyo y asistencia a la educación y jubilados".
Un mes después, en ese mismo año, pero en reunión con el entonces subsecretario de Gobernación y hoy diputado federal, Enrique Miranda Nava, la Coordinadora pidió la derogación de la reforma educativa.
