Apoyo. Maduro se presentó a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para recibir el respaldo de los magistrados, en medio de la crisis de legitimidad que atraviesa y tras la autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado. (EFE)
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, repudió ayer que el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se haya autoproclamado "presidente encargado" del país, aunque no anunció ninguna acción en su contra pese a que la Justicia le emplazó a determinar responsabilidades por estos hechos.
El fiscal, en nombre del Poder Ciudadano, condenó "la vergonzosa pretensión" de Guaidó de "dar un golpe de Estado y querer formar un gobierno paralelo al legal y legítimamente constituido", en alusión a la administración de Nicolás Maduro, que el Legislativo y numerosos países no reconocen como legítima. En su pronunciamiento, Saab critica que los diputados no reconozcan "la legalidad y legitimidad del resto de los poderes públicos", iniciado en 2016 cuando el Supremo declaró a la Cámara en desacato, pocas semanas después de que la oposición se hiciera con la mayoría de los escaños.
"Miembros de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) han venido solicitando ilegalmente la intervención de gobiernos extranjeros que son enemigos del pueblo (...) a fin de desconocer al gobierno legal y legítimamente constituido de Nicolás Maduro", dijo el fiscal al leer un comunicado ante periodistas. También repudió "por inaceptable" que algunos gobiernos de la región hayan reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela pues, denunció, con ello "pretenden legitimar un cambio violento de la forma de gobierno republicano" en el país.
El fiscal rechazó especialmente "la grosera declaración" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "quien pretende reconocer a un títere proclamado sin elección alguna como jefe de Gobierno", en alusión al respaldo dado por el magnate a Guaidó. El magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela, exhortó ayer a la Fiscalía a "tomar medidas"ante la "conducta delictiva" del Parlamento.
