El 10 de diciembre pasado, cuatro días antes de que su consejo ratificara el nombramiento de Carlos Martínez Velázquez como director general, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores presentó una solicitud de amparo contra una orden de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
El 10 de diciembre pasado, cuatro días antes de que su consejo ratificara el nombramiento de Carlos Martínez Velázquez como director general, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores presentó una solicitud de amparo contra una orden de revisión de la Auditoría Superior de la Federación.
Expedida ésta el 20 de noviembre anterior, bajo el marco de la revisión de la Cuenta Pública de 2017, el juez de la causa concedió un mes después una suspensión definitiva.
La exposición de motivos hablaba de que la instancia no puede ser supervisada por el órgano de la Cámara de Diputados, al no manejar recursos públicos sino aportaciones de patrones y trabajadores.
Su vigilancia, en tal caso, corre a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por realizar transacciones en los mercados, para incrementar su capital.
Lo grave del caso es que a finales de septiembre un grupo de senadores de Morena había solicitado, vía un punto de acuerdo, un informe detallado del Comité de Auditoría del Infonavit frente a un caso escandaloso: la cancelación de un contrato otorgado a la empresa Telra Realty vía una "indemnización" de 4 mil 860 millones de pesos.
Ante la falta de respuesta del órgano, los legisladores habían elevado su solicitud a la Auditoría Superior de la Federación.
El asunto enfrentó en su momento al director en funciones del organismo, David Penchyna, con su antecesor, Alejandro Murat, actual gobernador de Oaxaca, quien otorgó el contrato de la discordia a título de "convenios de colaboración en materia de movilidad hipotecaria".
Según éste, el Infonavit no debió otorgar el recurso; según Penchyna, el pacto era tan perjudicial al organismo que salió barato cancelarlo.
De acuerdo con éste, la empresa podría haber demandado al instituto por daños y perjuicios por un monto de 10 mil 600 millones de pesos.
De hecho, el cálculo de un despacho externo hablaba de daños al organismo por 7 mil 600 millones.
El acuerdo avalado por el Consejo de Administración del Infonavit provocaba, en las entrelíneas, la pérdida de la marca de la instancia tripartita y de todas las derivadas, dado que podrían usarse discrecionalmente por la firma para efectos de promoción.
La empresa Telra se convertía de facto en titular de los derechos de propiedad intelectual de los programas y sistemas, además de tener la exclusividad sobre las mejoras, variantes y evoluciones de los programas de movilidad, abierta la posibilidad de que un trabajador pudiera cambiar de casa sin haber cubierto la totalidad de la que había sido objeto de crédito.
Lo inaudito del caso, además, es que aunque Telra tenía marcado un periodo de exclusividad, en cuyo marco no se permitía a funcionarios y empleados acceder a la plataforma informática, su extinción no implicaría la pérdida de la propiedad intelectual e industrial.
¿Cuántos créditos podrán haberse otorgado con los 4 mil 860 millones con que se indemnizó a la empresa?
¿Realmente no hay vela en el entierro de la Auditoría Superior de la Federación?
BALANCE GENERAL
Del dicho al hecho, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que encabeza Adalberto Palma está enviando a los bancos una circular con los nombres de presuntos saqueadores de combustibles detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Santiago Nieto, para congelar sus cuentas.
En la lista aparecen políticos ligados al PRI que ingresaron cuantiosos recursos al sistema financiero sin haberlos declarado en sus reportes al SAT. Estamos hablando de Jesús Everardo Villarreal Tijerina, exalcalde de Reynosa, y del exdiputado por San Luis Potosí, José Luis Romero Calzada.
La intención es consignarlos una vez que la Cámara de Diputados apruebe la reforma que considera el delito como grave, lo que impediría desahogar el proceso en libertad.
En la feria están también propietarios de consorcios gasolineros y hasta empresas proveedoras de Pemex.
SOLIDARIOS
Aunque en la denominación no está el término de aprendices, lo que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo implicaría que las empresas les dieran alguna remuneración, ya hay una decena de firmas gigantes inscritas en el programa "Jóvenes construyendo el futuro".
Éstos recibirán una beca de 3 mil 600 pesos mensuales para capacitarse.
En la lista de firmas comprometidas están Grupo Bimbo, Grupo Alfa, Cementos Mexicanos y Fomento Económico Mexicano, todas ellas con sede en Monterrey.
Además el Grupo Maseca, la refresquera Arca Continental, el Grupo Salinas, el Grupo Prodensa, la siderúrgica DeAcero, y los bancos Banorte y Compartamos.
