En la Sedena, cada año, en promedio, más de mil elementos abandonan sus filas. (ARCHIVO)
De 2015 a finales de 2018, 6 mil 111 efectivos de la Sedena y la Semar abandonaron sus filas, de acuerdo con datos oficiales de ambas secretarías. Bajos sueldos, exceso de trabajo derivado de la estrategia contra los grupos criminales y demasiada responsabilidad ante la sociedad son lo que los expertos identifican como los principales factores del problema.
Estas bajas podrían representar un riesgo en las operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas, puesto que aunque su capacidad no se ve mermada, el problema es que no hay un seguimiento de hacia dónde se van.
"Muchos de estos desertores se quedan sin oportunidades de empleo porque les queda una ficha roja a nivel federal: no pueden ser policías o personal de seguridad privada. Es muy probable que terminen trabajando para un grupo criminal, porque son los únicos que les ofrecen un trabajo con el dinero suficiente para mantener a sus familias", asegura César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar.
Las cifras de la Secretaría de Marina (Semar) muestran que de 2015 a mayo de 2018, mil 222 integrantes desertaron. Si los números se mantienen con la misma tendencia, se podría llegar a superar los mil 500 sujetos en el último año. De ellos, 90% eran marinos, cabos y tercer maestre; todos son parte del último escalafón de la Marina.
Esta secretaría cuenta con una estadística extra: el estado en el que residían en el momento de abandonar las filas: Ciudad de México, Colima, Veracruz y Tamaulipas cuentan con los registros más altos. Cinco de cada 10 desertores de la Semar se encontraban en estas entidades. "En términos estrictos, en tres de estos sitios se han concentrado índices de violencia muy fuertes, lo que implica una demanda alta de los activos de las Fuerzas Armadas y genera que los elementos que participan en operativos relacionados directamente con la delincuencia organizada se desvinculen de sus familias por semanas o meses, lo que también termina generando estas bajas", explica Emilio Vizarretea Rosales, especialista en Fuerzas Armadas.
La Marina especifica que se considera deserción cuando alguno de sus elementos abandona sus labores por tres o más días consecutivos sin que exista impedimento que justifique su ausencia. "Cuando un elemento deserta del servicio activo en la institución obtiene la calidad de prófugo de la justicia militar y desde ese momento ya no se tiene conocimiento de su paradero y en consecuencia de las actividades a las que se dedica, haciendo hincapié que por lo tanto se desconocen los motivos de su deserción", se especifica en un documento emitido por la dependencia.
En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cada año, en promedio, más de mil elementos abandonan sus filas. Cifra que no ha logrado bajar desde 2015 y que de acuerdo con su último reporte, de octubre de 2018, podría superar las estadísticas de los últimos tres años. Siete de cada 10 de estas bajas eran soldados. Pero las deserciones de los cabos son las que reportan un mayor incremento desde 2015, al pasar de 134 en ese año a 279 a finales de 2018.
"En este último sexenio fue excesivo el trabajo y no se vio compensado con ningún beneficio, al contrario, les empezaron a quitar apoyos para su familias. También comenzaron a salir denuncias frente a la CNDH o ante las dependencias estatales, y la Secretaría de la Defensa en vez de protegerlos o asesorarlos, iniciaba carpetas de investigación y los procesaba. Toda esta situación empezó a causar mella. Poco el dinero, mucho el trabajo y demasiada responsabilidad", destaca Gutiérrez Priego.
Estas últimas posiciones dentro de las Fuerzas Militares perciben sueldos netos que apenas rebasan los 14 mil pesos mensuales. Un cabo, por ejemplo, gana 11 mil 417 pesos al mes. Lo mismo ocurre en la Semar, los marinos tiene un salario de apenas 13 mil 371 pesos. "El gran tema por el que desertan tiene mucho que ver con el dinero, pues les ofrecen más del otro lado. Por eso se está planteando la idea de que no es un empleo, sino un proyecto de vida. Pero eso está chocando por ejemplo con la capacitación que se le dará a los 50 mil nuevos reclutas, porque analizarán si en tres o cinco años se disuelven o se pasa a la Secretaría de Seguridad Pública y el riesgo de esto es enorme", asegura Rosales.
