Tocar toda la opacidad que ha habido desde hace "n" años en Coahuila sería una tarea agotadora, extenuante y no exhaustiva al no poder enunciar los innumerables casos que se han dado a través de tantos años sin alternancia, sin separación de poderes, al estar el Congreso controlado por los propios gobernadores, que han tenido en muchos casos carro completo en el mismo.
En cuanto al poder judicial, así con minúsculas, nunca ha dado evidencia de que sea un poder autónomo y por el contrario, sí subordinado al ejecutivo, quien los nombra a través del también subordinado congreso.
Por lo tanto, analizando únicamente el presupuesto que «aprobó» el Congreso del Estado para el año 2019, sólo destacaremos los renglones, que como sociedad civil en la que damos seguimiento al derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas y lo que conlleva contra la corrupción e impunidad, Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
El otro aspecto es en cuanto a la inversión que está proponiendo el ejecutivo, donde se está aprobando un monto 40% menor que el año pasado. Esto va directamente contra la aspiración de la ciudadanía a tener mejores servicios, infraestructura, desarrollo , empleos, hospitales, escuelas, pavimento, agua , etc., es decir, se deja de lado el crecimiento económico, infraestructura y servicios urbanos que permitieran un estándar de vida más satisfactorio, y se privilegia Desarrollo Social, que, aunque no quiera uno pensar mal, lo han enfocado a la compra y coacción de votos, o sea, pensando en las nuevas elecciones y no en las próximas generaciones.
Empecemos con la opacidad y su contraparte la transparencia: merece especial mención el Sistema Estatal Anticorrupción, que es equivalente al Sistema Nacional Anticorrupción, con el que se pretende terminar con esta lacra y la impunidad que le es implícita. Primero se le quita el carácter de organismo autónomo y se le pasa a organismo descentralizado, con todo lo que esto conlleva, y que los diputados incluyendo la oposición así lo determinaron. En segundo lugar se le reduce de $ 35'468,0.00 a $ 28'374,000.00, es decir, un 20% y con estas dos medidas del «congreso» el mensaje es de no combatir la corrupción e impunidad.
Otro de los directamente involucrados a estas medidas anticorrupción es el Tribunal de Justicia Administrativa a quien se le reduce el 21% , de $ 66'726,694 se le dejó en $ 52'581,356 y así podemos mencionar otros que pudieran influir en esto como, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Electoral de Coahuila.
Ahora vayamos a la inversión para desarrollo y obras que pudieran generar mayor bienestar: no se contempla nada para inversiones para el fomento de actividades productivas, en cambio a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social se le incrementa en números redondos un 8.3% al pasar 825 millones el año anterior a 900 millones este año.
Y tal como ya lo había dado a conocer PC29, en Infraestructura se contempla un presupuesto de $2,776'183084, sólo un 60 % de lo contemplado el año anterior, cuando ahora las necesidades son mayores, dada la situación de desastre en que se encuentra la infraestructura de los municipios y el estado en general, y lo peor, que de los $4,625'818,143 programados para el año 2018 al mes de septiembre sólo se habían ejercido $1,858'212,313 , es decir, sólo el 40%, la pregunta ahora es ¿para este año cuál será el subejercicio?.
Otro aspecto que no se puede dejar de mencionar es el gasto de publicidad que se presupuesta para este año, la cantidad es de $ 493'499,000 y aquí sí hubo un sobreejercicio del año anterior que llegó éste a $ 622'329,154, ¿en cuánto rebasará este año al presupuesto original? Pues como siempre quieren cambiar en dichos los hechos, ¿ cuál es el afán de promoverse? otra vez la pregunta es, ¿ las próximas elecciones y asegurar el chapulineo para brincar de un puesto a otro?
Por último, de la deuda mejor ni hablamos, un abono a capital de 75 millones de pesos al año y de intereses y otros por 3,400 millones en números redondos, y como no conocemos tablas de amortización, una simple división nos da un plazo de 528 años para liquidar este capital.
Dado este «presupuesto» invitamos a la ciudadanía a dar un seguimiento puntual, mes a mes, y vigilar cómo se ejerce el presupuesto, es decir, el dinero que nosotros los ciudadanos damos a los mandatarios y que deben obedecer a nosotros los mandantes.
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