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sábado 05 de enero 2019, actualizada 10:06 pm


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La probidad de los magistrados: una falacia

Según el diccionario, la palabra corromper significa “hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga de manera que huela mal o no se pueda utilizar”; descomponer de su naturaleza o forma natural, obviamente. Algunos sinónimos nos daría una perspectiva semántica más amplia: corromper es también: cohechar, degenerar, depravar, pervertir, sobornar, viciar, etc., y su participio tiene dos formas: corrompido y corrupto; regular e irregular, respectivamente. Su función adjetiva, refiriéndonos a cualquier persona, asociación, incitación, sistema o cosa nos daría como calificativos: degenerado(a), viciado(a), pervertido(a) o perverso(a), sobornado(a), protervo(a), disoluto(a), venal, inmoral, deshonesto(a); así o más se podría calificar hoy a la SCJN, a los consejeros de la Judicatura Federal, y en general a todo el Poder Político: magistrados, ministros, jueces y hasta los secretarios de los secretarios quienes han puesto un alto precio a su “probidad” en el ejercicio de sus funciones.

De servidores públicos han pasado a ser funcionarios con sueldos, prerrogativas y privilegios que ha sobrepasado los límites de la medianía, adjudicándose ilegítimamente un derecho por nefasta inercia, por fungir durante muchos años como comparsa de los otros dos poderes, por malas costumbres adquiridas de manera ilegítima, por desmedida ambición, por servirse con la cuchara grande amparándose en la autonomía del Poder, por usar su poder en beneficio propio, por sentirse superiores a cualquier mortal por el simple hecho de ocupar un cargo en el que la función principal es impartir justicia.

Ignoran los magistrados que el derecho aducido debe sustentarse en la ley y ésta en la legitimidad, la cual debe ser avalada por el pueblo, que en una democracia es soberano.

Cierto es que, seguramente, todos los magistrados tienen la preparación académica para desempeñar su cargo, pero su inmoralidad y dudosa ética, los deja como simples abogacetes picapleitos que se venden al mejor postor, interpretando las leyes y resolviendo parcialmente las querellas y controversias, según su propia conveniencia.

Luis María Aguilar, en su último informe como presidente de la SCJN aprovechó la ocasión para decir frente a AMLO que “si un juez no goza de independencia se convierte en mandadero”, frase esta que no descubre nada nuevo, pues quien tiene dinero tiene poder y éste a su vez, trae consigo la independencia del poseedor, la autonomía de sus actos, la libertad en la toma de decisiones; esto es, no estar supeditado a la voluntad o interés de ninguna institución o persona alguna; y consecuentemente imponer su voluntad en aras de una justicia cuyo significado, igual que el concepto de probidad, se ha pervertido.

La ley del más fuerte, (poder y dinero) ha imperado desde siempre, y aunque en los países desarrollados se pueden contar visos de equilibrio y significativo avance en la procuración de justicia y el bienestar social, en países como el nuestro, los “avances” consignados en la Constitución son letra muerta. El mundo político en México es, en lo general, una simulación.

Bueno sería realizar una renovación del Poder Judicial, (como lo hizo Ernesto Zedillo), no a modo de los otros Poderes, sino de manera democrática; pues es más que evidente que la justicia está en manos de un grupo que se ha corrompido. (Nepotismo, tráfico de influencias, sobornos y más, según la SFP).

Héctor García Pérez

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