Informó que el titular de la dependencia, Alfonso Durazo Montaño, instruyó colaborar con la CNDH para indagar la actuación de los elementos involucrados en los actos y aportar las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. (ARCHIVO)
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aceptó las dos recomendaciones emitidas recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Policía Federal por casos de uso excesivo de la fuerza en Guanajuato y Guerrero.
Informó que el titular de la dependencia, Alfonso Durazo Montaño, instruyó colaborar con la CNDH para indagar la actuación de los elementos involucrados en los actos y aportar las pruebas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas que correspondan.
La SSPC precisó que la recomendación 84/2018 se generó por actos relacionados con el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos del Servicio de Protección Federal en el mes de junio de 2013, en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, determinando dicha Comisión Nacional violaciones a la integridad personal de la víctima en virtud de haber sido lesionada por arma de fuego.
Indicó que la recomendación 85/2018 derivó de violaciones a derechos humanos en junio de 2015, en el municipio de Tlapa, Guerrero, como consecuencia de actos relacionados con elementos de la Policía Federal, dando como resultado personas lesionadas y una persona que perdió la vida.
Señaló que Durazo Montaño pidió tanto al comisionado del Servicio de Protección Federal, José Pedro Vizuet Bocanegra, como al comisionado general de la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez, llevar a cabo las acciones destinadas para dar cumplimiento al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos.
Asimismo, afirmó la dependencia, se aportarán los elementos al Ministerio Público para la debida integración de las indagatorias relacionadas con los hechos.
La Secretaría de Seguridad ratificó la disposición de contribuir para esclarecer los hechos y lograr la reparación integral del daño a las víctimas en coordinación con otras instancias públicas.
