Mientras en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) despiden a cientos de trabajadores como parte de las medidas de austeridad del nuevo gobierno, en el Congreso los legisladores de Morena aumentan, de un plumazo, la expectativa de obtener más ingresos a través de un mayor y mejor cobro de impuestos.
Los diputados de Morena creen que la Secretaría de Hacienda, a través del SAT, tiene la posibilidad de recaudar cerca de 24 mil millones de pesos más en 2019, con lo cual la Ley de Ingresos pasará de 5 billones 814 mil millones a 5 billones 838 mil millones de pesos. ¿La fórmula? Ir contra las empresas que evaden impuestos mediante facturas falsas.
"Esto se ha convertido en un problema serio para las finanzas del país (…) esas prácticas deshonestas serán combatidas frontalmente, hay que destacar que la capacidad técnica del SAT para identificar estas prácticas fraudulentas ha mejorado significativamente", dijo el fin de semana el diputado de Morena Carol Altamirano.
Es decir que mientras la dependencia busca reforzar el cobro de impuestos, despide a decenas de trabajadores en diferentes estados del país, como se reveló este fin de semana en redes sociales. Y no sólo eso, la política de austeridad republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador también carece de transparencia. Tras las denuncias, el SAT emitió un comunicado explicando los ajustes, pero no dijo cuántos trabajadores serán despedidos.
"El Gobierno de México ha iniciado la actual administración bajo los principios rectores de austeridad, eficiencia y ahorro. El SAT, como parte de esta reorganización, no resulta ajeno a ese compromiso", expuso en el comunicado. Llama la atención que el argumento siga siendo la 'austeridad' y el 'ahorro', porque el propio secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, dijo en la presentación del paquete económico ante legisladores que no era un tema de ahorro, sino simplemente un asunto de 'justicia social'.
"Lo que vamos a ahorrar en los salarios de arriba lo vamos a gastar en los salarios de abajo en los extras, esto no es un asunto de cómo empatar mejor el balance presupuestal", expresó Urzúa. Lo cierto es que, como se lo increpó una trabajadora del SAT al presidente en el aeropuerto, los despidos no son sólo para los puestos más altos, sino para buena parte de los trabajadores de confianza.
Así como en el SAT, en la mayoría de los organismos reguladores y autónomos está sucediendo la misma historia.
Con excepción del Inegi, que iniciará trabajos para el Censo Económico 2019 y el Censo Poblacional de 2020, instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Comisión Reguladora de Energía sufrieron grandes recortes en su presupuesto.
El caso de la CRE, que preside Guillermo García Alcocer, es otro de los más emblemáticos. El regulador tendrá uno de los recortes más duros para 2019, por lo que muchos lo ven ya como un organismo prácticamente en vías de extinción, algo muy conveniente para una administración que no aspira a consolidar la competencia de los privados en el sector energético.
Hace unos días la dirección de Recursos Humanos de la Comisión hizo saber a sus 367 empleados eventuales que no serían recontratados, y que su último día de labores sería el lunes 31 de diciembre. Estamos hablando de más de 60% del personal total del organismo, entre los que se encuentran directores, subdirectores y asesores de los comisionados.
Un dato interesante es que el virtual desmantelamiento de la CRE empezó tras la invitación a la Secretaría de Energía de una de las piezas clave del organismo: la comisionada Neus Peniche Sala, quien fungirá en el equipo de Rocío Nahle como enlace de la dependencia con los cuerpos legislativos.
Peniche Sala trabajó en la Secretaría de Hacienda en los tiempos de Luis Videgaray y participó activamente en la redacción de los textos de la reforma energética.
En los siguientes días terminará el periodo de Jesús Serrano Landeros en el pleno de la Comisión Reguladora y en el Senado no hay prisa o siquiera intención de cubrir las dos vacantes con las que tendría que estar operando el casi desahuciado organismo autónomo.
Así las contradicciones de la austeridad republicana en el gobierno de la Cuarta Transformación.
Posdata. El miércoles, el caso de INAI.
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