Tardado. Proceso en la CDHEC sobre violación a derechos humanos de 'Juanita' podría tardar hasta seis meses. (EDITH GONZÁLEZ)
Mientras que activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos con presencia nacional e internacional exigen que "Juanita" continúe su proceso en libertad y sea juzgada con perspectiva de discapacidad, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) dice que la queja presentada por la madre de "Juanita", Gabriela del Valle, puede tardar hasta 6 meses en ofrecer resultados.
Tras el comunicado difundido el pasado domingo y firmado por más de 60 organizaciones y activistas, Jesús Alberto Rodríguez Cantú, segundo visitador de la CDHEC, omitió los detalles de la investigación que llevan a cabo y dijo que este proceso puede tardar hasta medio año.
Por su parte Gabriela del Valle, madre de la joven con discapacidad intelectual internada en el Cereso de Saltillo que es acusada de Sustracción u Ocultamiento de Personas Menores de Edad o Incapaces, señaló que la información que ha recibido sobre los avances de la queja presentada en la Comisión, ha sido de manera verbal y en ésta le hicieron referencia a la respuesta dada por la jueza que lleva el caso, Karla Bustos. "Me la leyeron, pero no me quisieron dar una copia, dicen que la jueza estaba haciendo bien su trabajo, cuando no es verdad". Cabe recordar que hasta el momento "Juanita" no es considerada como persona con discapacidad por las autoridades y se está juzgando como cualquier otra persona. Con respecto al comunicado de las organizaciones Gabriela del Valle espera que las autoridades actúen apegadas a derecho, pues si lo hacen considera que su hija saldría libre.
Postura
¿Qué dicen las organizaciones de la sociedad civil?
=> Que la medida cautelar aplicada a Juanita (prisión preventiva) "resulta desproporcionada dado que Juanita cumple los requisitos para no estar privada de su libertad".
=> El proceso seguido en contra de Juanita representa una vulneración a sus derechos en la medida en que no se han implementado los ajustes razonables de procedimiento, mismos que se encuentran previstos tanto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación federal.
