Fraude. Presentarán este mes una querella contra la cantante colombiana Shakira; 16.5 mdd es la cantidad que habría defraudado. (ARCHIVO)
Shakira está a las puertas de ser acusada por un presunto fraude fiscal a pesar de que la estrella colombiana ya abonó más de 39 millones de dólares (34 millones de euros) para subsanar sus deudas con el fisco español.
En un documento del 29 de noviembre, que concluye un año de investigación y al que tuvo acceso The Associated Press el viernes, la fiscal del caso trasladó a la defensa su decisión de presentar una querella contra Shakira por considerar que existen hechos que ameritan la consideración penal de los presuntos delitos.
Shakira, quien recientemente concluyó su gira mundial El Dorado, alega que sus actividades profesionales fuera del país entre 2012 y 2014 no deben de estar sujetas a impuestos.
La Fiscalía de Barcelona señaló en un comunicado enviado el viernes que se encuentra en la fase final de estudio de las presuntas irregularidades por estos tres ejercicios fiscales anteriores a 2015, el año que la cantante trasladó su residencia fiscal de Bahamas a la capital catalana.
La artista de 41 años, cuyo nombre completo es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, vive en Barcelona con el jugador del Barça Gerard Piqué, con quien comenzó una relación en 2011 y tiene dos hijos.
Shakira abonó en febrero 20 millones de euros por el concepto de impagos a la Agencia Tributaria española correspondientes a 2011, según una portavoz de su defensa que dijo que la querella a la que se enfrenta la artista excluye este ejercicio porque los delitos ya han prescrito.
Pero la artista sí tendría que responder ante la justicia por 14.5 millones presuntamente defraudados durante los tres ejercicios siguientes. La portavoz, quien no tenía autorización para ser identificada en prensa, dijo que Shakira hizo este abono el mes pasado.
En un comunicado, la cantante indica que su conducta en materia de impuestos siempre ha sido "intachable" en todos los países en los que ha tenido que tributar. Añade que ha regularizado su situación con las autoridades españolas y que abonó todas sus deudas a pesar de que hasta 2015 nunca pasó más de 183 días en España, como exige la ley para fijar la residencia fiscal.
Según las leyes tributarias españolas, debe pagar impuestos por actividades dentro o fuera del país toda persona que resida en territorio nacional durante más de seis meses cada año o si el cónyuge o hijos menores de edad residen en España, salvo prueba de que residan en el exterior.
