El dictamen permite también que los servidores públicos sean privados de la libertad para compurgar la pena, cuando exista sentencia condenatoria de un juez que cause ejecutoria, respetando la inmunidad constitucional. (ARCHIVO)
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 469 votos a favor, la reforma constitucional para eliminar el fuero a todos los servidores públicos, incluido el Presidente de la República; pero se mantiene la inmunidad procesal.
Con esta modificación, que será enviada al Senado de la República para su ratificación o rechazo, el Presidente sería separado de su encargo solamente cuando exista una sentencia condenatoria en su contra por parte de algún juez o así lo dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Empero, la inmunidad procesal se mantiene; es decir, los altos funcionarios y el Presidente podrían llevar su proceso en libertad y seguir en funciones hasta que se obtenga la sentencia de condena por parte del Poder Judicial.
El dictamen presentó 3 votos en contra de los diputados petistas Gerardo Fernández Noroña y Emilio Manzanilla; así como del de Morena, Julio Ángeles Mendoza. Se abstuvieron otros cinco de Encuentro Social: José de la Luz Sosa Salinas; José Ángel Pérez Hernández, Vicente Onofre Vázquez, José Luis García Duque, Carolina García Aguilar; y uno más, Juan Carlos Loera de la Rosa, de Morena.
Entre las reservas que se presentaron, está la del Partido del Trabajo (PT), para que el Presidente de la República tenga un proceso de desafuero que cuente con el aval, de mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y de dos tercios en el Senado.
En el dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales, se eliminó el proceso de desafuero al presidente, y podía ser juzgado por cualquier delito, como cualquier otro servidor público, sin la necesidad de que mediara el Congreso de la Unión.
El PT se pronunció en contra y argumentó que "se dejaría en indefensión" la figura del Jefe del Ejecutivo Federal y la gobernabilidad del país se encontraría en peligro, como ha sucedido en algunos países de Sudamérica.
Otro artículo reservado fue el 38, a petición del PRI, Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, ya que cualquier persona podría perder sus derechos político-electorales en cuanto sean iniciados en un proceso penal.
