Democracia participativa
Más de un millón de ciudadanos, en un país de un poco más de 90 millones registrados por el INE en el padrón electoral, acudieron a las urnas para emitir su voto sobre una megaobra que AMLO, en algún momento consideró un barril sin fondo.
La consulta sobre la continuidad o suspensión del nuevo aeropuerto internacional de México, obtuvo los resultados esperados por AMLO.
La consulta, como lo dijo el Presidente Electo, no fue organizada por el INE, ni se ajustó a la normatividad constitucional, entre otras cosas por razones económicas; por lo que la ilegalidad de ésta es de origen, y por lo tanto, también el resultado; pero éste, aunque no es vinculante, tampoco es condición indispensable para que el Ejecutivo proceda según su agenda política.
El resultado apabullante a favor del Presidente Electo, igual que su triunfo en las elecciones federales, está levantando ámpulas en el sector empresarial y no debería sorprendernos que la tregua AMLO-CCE se termine, y una serie de litigios que habrán de dirimirse en los tribunales traigan consecuencias económicas en perjuicio de la ciudadanía.
Que la consulta no fue legal es cierto, que fue opaca y tendenciosa quizá también; pero no deja de ser un instrumento que refleja el sentir de la población; y en ese sentido, la consulta, con todos los defectos atribuidos refuerza el argumento del Presidente Electo respecto de una obra cuestionada por muchas razones: su largo período de construcción, su costo original triplicado, la opacidad (y corrupción) en la asignación de contratos de obra, el deterioro ambiental, los intereses voraces de los inversionistas inmobiliarios, entre muchas otras más.
¿Qué sería una obra de primer mundo? De eso no hay duda; el problema es el financiamiento en un país con más de cincuenta millones de pobres. No sería de incumbencia pública si la obra fuese privada, como lo propuso AMLO a Carlos Slim; pero el hecho que se inviertan grandes cantidades que podrían aplicarse en otras obras de beneficio común es el problema.
Con todos los defectos atribuibles, la consulta sobre el NAIM, fue un ejercicio democrático que marca un hito en la historia de México, pues nunca se había consultado al pueblo acerca de obras tan costosas y de beneficio común cuestionable.
“La burra no era arisca, los palos la hicieron”, y ya pasó con la reforma energética en la que el gobierno prometió bajarían los precios de las gasolinas, el gas y la luz, y resultó un fiasco.
Ahora sólo falta que el Legislativo quite candados al Art. 35 constitucional que regula las formas en que la ciudadanía puede participar en la vida pública.
Héctor García Pérez
Comarca Lagunera
