El tema de la legalización de la marihuana en México ha estado recientemente muy presente en la discusión nacional. El pasado 31 de octubre la Suprema Corte resolvió dos casos importantes con los que establece jurisprudencia para que cualquier ciudadano que solicite un permiso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) pueda cultivar y consumir marihuana con fines recreativos. La Primera Sala aprobó los amparos en revisión 547/2018 y 548/2018, en los que reiteró, por quinta ocasión, la inconstitucionalidad a la prohibición absoluta al consumo recreativo de la marihuana, lo que permitió integrar jurisprudencia sobre el tema.
Por otra parte, el equipo del gobierno entrante está impulsando una iniciativa que pronto presentará ante el Congreso denominada “Ley general para la regulación y control de la cannabis”, que tiene como objeto cambiar la política prohibicionista respecto a la cannabis y regular su cultivo y su consumo con fines lúdicos, científicos, médicos, de investigación, industrial y comercial. Con esta ley México sería el tercer país en legalizar el uso lúdico de la mariguana después de Uruguay y Canadá.
Actualmente la marihuana es la sustancia ilícita más consumida en México y a pesar de su prohibición, su consumo, especialmente en hombres, ha ido en aumento. A pesar de que muchos estudios sostienen que el consumo de marihuana es menos dañino que el consumo de alcohol e incluso que tiene efectos medicinales importantes, la política represora que el Estado Mexicano adoptó en el pasado ha traído consecuencias muy negativas. En nombre de la salud, el gobierno detiene, procesa y encarcela a miles de personas anualmente. De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales realizada en 2012, en el sistema penitenciario federal, el 62% de las personas internas sentenciadas en dichos centros se encontraba ahí por delitos contra la salud. De esas personas, el 58.7% recibió sentencia por un delito relacionado con la marihuana. Por otra parte, a partir de la información brindada por quince entidades federativas, se descubrió que, de los menores infractores internos por delitos contra la salud, el 61% de ellos están recluidos por esta sustancia.
La persecución de la marihuana ha implicado el uso de la violencia por parte del Estado en contra de un gran número de personas, así como un alto gasto de recursos institucionales saturando los centros penitenciarios y encarcelando a miles de menores. El camino que estamos emprendiendo como país en torno a su regulación puede contribuir a disminuir la violencia actual en la persecución y el uso de los recursos podría destinarse a disminuir otros delitos, que sí son violentos, como el homicidio, el secuestro, la extorsión, la violencia de género, entre mucho otros. Sólo transitando a una política de drogas más proporcional y basada en evidencia, como lo han empezado a hacer otros países de la región, podremos avanzar en el tema de la reducción de la violencia en México.
