La queja se interpuso en la Segunda Visitaduría con sede en esta ciudad. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Por presuntas violaciones a los derechos humanos de su hija con discapacidad intelectual, recluida en el Cereso Femenil de Saltillo, Gabriela del Valle acudió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CDHEC) para interponer una queja en contra de las autoridades que intervienen en el proceso penal.
La queja se interpuso en la Segunda Visitaduría con sede en esta ciudad. La CDHEC aceptó la queja asignando el número de expediente CDHEC/2/2018/458/Q.
“Se violaron todos los derechos a mi hija, está llevando un proceso como si fuera una persona normal, cuando ella tiene discapacidad intelectual, el proceso ha estado muy mal, me han prohibido entrar a las audiencias, no me han dejado verla, todo ha estado muy irregular”, dijo.
Comentó que la queja se interpuso en contra de la Fiscalía y los jueces que han llevado el proceso.
Gabriela del Valle dijo que continúa recibiendo asesoría de Documenta, asociación civil con sede en la Ciudad de México especializada en procesos penales en los que están involucradas personas con discapacidad intelectual, como es el caso de su hija Juanita, para verificar que las autoridades actúen conforme a los protocolos de la Suprema Corte y en apego a las convenciones internacionales.
EL CASO
La joven de 20 años fue detenida el pasado 28 de agosto en un tianguis ubicado por la colonia Joyas del Oriente. A Juanita se le acusó del delito de sustracción de menor de edad. Su detención se llevó a cabo durante la psicosis social generada por el presunto robo de menores y de los cuales, la autoridad no informó de caso alguno en concreto.
La joven recibió la medida cautelar más severa del sistema de justicia adversarial, que es la prisión preventiva. Actualmente, la familia busca que cambie esta medida cautelar para que pueda llevar el proceso en libertad, ya que su mentalidad es de una niña de entre 5 y 7 años, según peritajes médicos mostrados por la familia, y posteriormente demostrar su inocencia.
La familia desconoce si tanto los ministerios públicos que la atendieron, como los jueces, se han apegado a los protocolos antes mencionados, pues a la fecha dicen que no hay evidencia de que así sea.
