Bolsonaro, quien se ha pronunciado por la portación de armas, planteó tener 'mano dura' contra delincuentes. (ARCHIVO)
El próximo ministro de Defensa de Brasil, el general Augusto Heleno, y el gobernador electo de Río de Janeiro, Wilson Witzel, propusieron el uso de francotiradores contra hombres armados, luego que el presidente electo Jair Bolsonaro defendió dar poder a policías para "eliminar" criminales armados a discreción.
Bolsonaro, quien se ha pronunciado por la portación de armas, planteó tener "mano dura" contra delincuentes.
“Mucha gente hace una distorsión de eso y acaba diciendo que es una autorización para matar", indicó el general Heleno, quien será el próximo ministro de Defensa en el Ejecutivo de Bolsonaro.
Sin embargo, "es una reacción necesaria a la exhibición ostensiva que se hace en Río de Janeiro de armas de guerra en las manos, muchas veces, de jóvenes”, aclaró.
Al ser cuestionado sobre abusos en los derechos humanos, Heleno dijo que “los derechos humanos son para humanos derechos”.
Insistió que “no es una autorización para matar indiscriminadamente. Debe haber un criterio muy bien consolidado”, en una opinión compartida por el gobernador electo de Río, el exjuez Wilson Witzel.
“Si hay una operación en que nuestros militares están autorizados a realizar el abatimiento, todos ellos serán eliminados”, dijo el martes Witzel, al evocar la existencia de traficantes armados en favelas y áreas dominadas por el crimen organizado.
La presencia de grupos armados que controlan territorios en Brasil, en especial en Río de Janeiro, aumentó los últimos años y disparó las muertes por homicidios, que llegaron a más de 63 mil en 2017.
Sin embargo, investigaciones policiales revelaron que buena parte de las armas de esos traficantes proceden de la policía brasileña, lo que indica un alto nivel de corrupción dentro de la corporación.
Asimismo, organizaciones no gubernamentales ya señalaron el uso de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía, y la muerte de civiles inocentes a manos de las fuerzas del orden en sus acciones armadas en favelas.
El ministro de Seguridad Pública, Raúl Jungmann, criticó este miércoles la propuesta y dijo que no está prevista en la legislación actual.
“No podemos tener ningún tipo de actividad que no sea legal, que no esté en las normas de la Justicia. Y, hoy, no está” el uso de francotiradores, dijo Jungmann.
Organizaciones de derechos humanos y expertos en seguridad pública indicaron que existe un alto riesgo en esta controvertida propuesta.
“Necesitaríamos tener un estado de excepción, con autorización constitucional, para la supresión de derechos fundamentales”, dijo el profesor de derecho constitucional de la Fundación Getulio Vargas, Leonardo Vizeu, citado este miércoles por el diario O Globo.
“La medida tiene un impacto potencial desastroso en el aumento de los homicidios y de la violencia armada en las ciudades. No se combate la violencia con más violencia, enfrentamientos directos y falta de respeto a la legislación vigente”, dijo la organización de derechos humanos Amnistía Internacional en un comunicado.
