El rector (izq) de la máxima casa de estudios de Coahuila, señaló que la contraloría interna está realizando una revisión exhaustiva adicional a lo que realizará el Congreso del Estado.
Durante su estancia en Piedras Negras, Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), manifestó que han dejado claro que no se trata de empresas fantasmas aquellas a las que han contratado como proveedoras y otorgado contratos hasta por 400 millones de pesos.
Estableció que cuentan con las actas constitutivas de las empresas, así como los registros fiscales que les ha proporcionado el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que considera que no se trata de empresas fantasmas.
"Nosotros ya aclaramos muy bien que no son empresas fantasmas, porque nosotros tenemos el acta constitutiva de cada una de esas empresas, entonces esas empresas están constituidas. Segundo, tenemos también los registros fiscales que nos proporcionó también el SAT, entonces quiere decir que son empresas que aportan fiscalmente, entonces en ese sentido no son empresas fantasmas", dijo Hernández Vélez.
Pese a lo anterior, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila consideró importante realizar una revisión a profundidad y manifestó estar dispuestos a que se les audite para ver si hay alguna irregularidad en los procesos y en determinado momento se actúe conforme a derecho.
"Si creemos que es importante revisar a profundidad y estamos dispuestos a ello, para que nos auditen si hay alguna irregularidad en los procesos y se tomen las sanciones correspondientes y las medidas que la ley dictamine", refirió Salvador Hernández.
El rector de la máxima casa de estudios de Coahuila, señaló que la contraloría interna está realizando una revisión exhaustiva adicional a lo que realizará el Congreso del Estado, por lo cual colaborarán para que se realicen las investigaciones a fondo.
Inclusive manifestó que, de corroborarse la existencia de alguna irregularidad, se tomarán las medidas correspondientes y las sanciones. Medidas como la inhabilitación como funcionarios públicos, la devolución de algún o alguna sanción administrativa.
La presunta utilización de empresas fantasmas para el desvío de recursos por alrededor de 400 millones de pesos, llegó hasta el Congreso del Estado, dado que los diputados locales solicitaron dar vista a la Auditoría Superior del Estado del caso e inicie la investigación correspondiente.
