Como ya conocen, quienes siguen de lejos y de cerca el proceso de designación de la próxima integrante del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Coahuila, el próximo 5 de octubre concluye su período al frente del organismo ciudadano Manuel Gil Navarro, y sabremos quién ocupará el asiento vacante.
A diferencia del proceso del año pasado, en el que un congreso aplastantemente priista designó al Comité de Selección del CPC, y este comité designó a los cinco integrantes del Consejo en un proceso opaco y ampliamente cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil que integran Alianza Anticorrupción Coahuila (de la que PC29 es miembro), este año pudimos gestionar y observar avances muy concretos en términos de transparencia para el proceso de selección.
La Comisión de Selección -tras la publicación de un comunicado de Alianza en el que solicitamos la publicación de cédulas de evaluación de las candidatas, la transmisión de las deliberaciones y rendición de cuentas en general del proceso- organizó una reunión con representantes de la Alianza para dialogar sobre propuestas específicas y criterios que consideramos fundamentales para la designación, como la autonomía e independencia de las aspirantes.
El tema de las cédulas de evaluación pasa no sólo por uno de transparencia, sino por el de vigilancia al cumplimiento de la metodología publicada por la misma comisión. Sin embargo, sabemos que, aun con las cédulas publicadas, no existe la garantía de que la evaluación se haya conducido de manera plenamente objetiva. Por algunos de estos motivos: a) sin una rúbrica para precisar el valor que se asigna a cada criterio, la asignación de un número en cada espacio de la cédula queda a discreción de los comisionados; b) las candidatas no son evaluadas por los mismos comisionados, es decir, se han dividido el trabajo en la primer etapa y a cada pareja de comisionados le toca revisar un número específico de expedientes; c) en este sentido, beneficiar o perjudicar intencionalmente a una aspirante, sigue siendo posible.
No perdamos de vista, por otro lado, que el cabildeo ha estado a la orden del día, y que dichas prácticas no abonan a la construcción de un sistema de designaciones transparente y legítimo. La tarea de la Comisión de Selección es una de evaluación técnica de los perfiles. Se evalúa tanto el conocimiento, la experiencia y la capacidad de cada candidata para ejercer la posición en el CPC de acuerdo a las tareas que habrá de desempeñar en ese organismo. No debe tratarse, entonces, de una campaña política ni un concurso de popularidad. De incurrir en esa dinámica, se corre el riesgo de sentar precedentes maliciosos para los siguientes procesos y designaciones, no sólo del Sistema, sino en otros espacios claves de participación ciudadana en las instituciones de gobierno.
La Alianza Anticorrupción Coahuila no ha pretendido ni pretende ejercer presión política para colocar a miembros de nuestras organizaciones en el Consejo. En ese sentido se equivocan también los medios que, tras el anonimato de sus trascendidos, infieren una disputa o quiebre entre las OSC del estado por la competencia entre las ciudadanas que hemos propuesto o recomendado. A diferencia del año pasado, en el que decidimos no postular candidato alguno como respuesta digna ante la designación opaca de los comisionados, en esta ocasión las organizaciones postulamos a distintas candidatas, con perfiles técnicos y especializados en materia anticorrupción, apoyando, además, a las aspirantes de otras organizaciones que también reúnen, según el criterio de cada organismo, los requisitos de la convocatoria.
Así pues, esperamos que la designación obedezca única y exclusivamente a los lineamientos descritos en la metodología, que se apegue al código de conducta expresado en el sitio de la Comisión de Selección, y que dé respuesta ética y técnica a las expectativas de los organismos y sobretodo, de la ciudadanía.
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