El principal reto en materia migratoria es cerrar la brecha que hay entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales y la situación que viven millones de personas. (ARCHIVO)
El principal reto en materia migratoria es cerrar la brecha que hay entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales y la situación que viven millones de personas, destacó Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien enfatizó la necesidad de aplicar una política con perspectiva humanitaria en América Latina.
Al participar en la conferencia de prensa conjunta con los ombudsperson de la región andina, en la que dieron a conocer la Declaración Conjunta de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la Protección de los Derechos de las Personas Venezolanas en Movilidad Humana, González Pérez dijo que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben ejecutar acciones en favor de las personas que, por causas asociadas a violencia, inseguridad y pobreza, han dejado sus lugares de origen y se encuentran en contexto de movilidad, así como la defensa de su dignidad.
Indicó que el primer paso para resolver la crisis de derechos humanos que atraviesan las personas en movilidad es reconocerla, para sumar voluntades y diseñar estrategias que faciliten su atención e integración en otras naciones.
El presidente de la CNDH destacó que además de asumir el rol de contrapeso de los gobiernos de América Latina, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) deben observar que se aplique una política migratoria con perspectiva humanitaria y llevar a cabo una labor de concientización y sensibilización en la sociedad respecto de los riesgos que enfrentan las personas en contexto de movilidad, porque con frecuencia son víctimas de rechazo e indiferencia, discriminación y xenofobia.
Más allá de reproches, comentó, debe prevalecer el diálogo constructivo que posibilite a esa población la protección más efectiva de sus derechos fundamentales, toda vez que el principal reto en esta materia es cerrar la brecha existente entre lo que dictan las leyes y tratados internacionales en materia migratoria y lo que millones de personas en esta situación viven diario, para lograrlo, la Agenda 2030 de la ONU es la hoja de ruta a seguir.
Los ombudsperson de México, la Región Andina y Brasil se pronunciaron en la declaración conjunta porque los Estados faciliten los procesos de ingreso y regularización de las personas venezolanas en contexto migratorio, así como respetar sus derechos de asilo y refugio.
Solicitaron a los gobiernos de la región respetar las acciones que emprendan las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) para promover y proteger los derechos fundamentales de esas personas, así como ajustar el diseño e implementación de sus normas internas y política migratoria con base en los convenios y tratados ratificados en materia de movilidad humana, asilo, refugio, apatridia, trata y tráfico de migrantes.
Propusieron que se adopten medidas eficaces para prevenir que las personas venezolanas en contexto migratorio sean víctimas de trata y tráfico de migrantes, así como lograr la identificación de quienes ya han sido violentados, para garantizar su protección y atención.
Para los ombudsperson de México, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil la población en movilidad debe tener garantizado el acceso efectivo de derecho a la información con miras a propiciar procesos informados de tránsito y permanencia migratoria, reconocimiento de derechos, cumplimiento de deberes, empatía, solidaridad y convivencia armónica.
Igualmente, expresaron su rechazo a cualquier expresión de violencia, reafirmaron el principio de no intervención armada y demandaron promover el diálogo entre los países para que en el marco del respeto a la democracia y los derechos humanos busquen soluciones pacíficas y estructurales para reducir los factores que originan la migración forzada en la región y en particular desde Venezuela.
